Los jueces consideraron que el planteo de la Tabacalera Sarandí carecía de fundamentos y cerraron la causa.

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Buscando no perder protagonismo, el gobernador saliente cruzó al presidente electo por el caso de la jujeña. Alberto Fernández había dicho que Sala “no debería seguir presa”.
El gobernador de Mendoza y diputado electo por Cambiemos Alfredo Cornejo necesita posicionarse como una de las caras visibles de la futura oposición. Quizá ese fue uno de los motivos por los que salió este viernes al cruce del presidente electo Alberto Fernández, quien había dicho que la detención de Milagro Sala “es ilegal”.
Cornejo –que además preside la UCR- declaró en un comunicado que “las condenas a Milagro Sala son consecuencia de juicios federales y provinciales, legítimos y con garantías de un Estado de derecho democrático”. A esto añadió que “es una irresponsabilidad que el presidente electo se alce contra la Justicia y declare que su detención es ilegal”.
Alberto Fernández es titular de la cátedra de Teoría General del Delito y Sistema de la Pena en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Sin embargo eso no arredró a Cornejo.
El gobernador de Mendoza abundó en críticas, aunque descuidando en su comunicado la concordancia entre sujeto y verbo que requiere la lengua castellana: “Sus palabras conllevan una fuerte irresponsabilidad de su parte y pone a la Argentina (sic) frente a un escenario de vulnerabilidad institucional”.
"Es una muy mala señal que un presidente electo pretenda inmiscuirse en la Justicia" (Alfredo Cornejo)
Según el mendocino, “no hay ninguna razón para afirmar que la detención de Sala es ilegal, ya que además es investigada en decenas de causas y las condenas son consecuencia de juicios federales y provinciales, legítimos y con las garantías de un Estado de derecho democrático”.
Cornejo insistió en que “el compromiso desde la UCR es y seguirá siendo fortalecer las instituciones democráticas”, por lo que –desde su perspectiva- “es una muy mala señal para la Argentina que su Presidente electo ya pretenda inmiscuirse en la Justicia, alterando la independencia de poderes establecidos en la Constitución Nacional que nos garantiza a los argentinos un país republicano, representativo y federal”.
Los jueces consideraron que el planteo de la Tabacalera Sarandí carecía de fundamentos y cerraron la causa.
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