Los agricultores mendocinos recurren a los llamados “feriazos” para hacerse sentir en la ciudad. La modalidad es simple: alrededor de las nueve de la mañana, empiezan a montar sus puestos en las plazas del centro. Ubican sus mesas y cajones y luego empiezan a ofrecer verduras a precios sorprendentes: un kilo de uva se consigue a veinte pesos. Cuatro morrones, también a veinte pesos. Se pagan solo quince pesos por un zapallo anco y por la misma suma cualquier vecino puede llevarse un kilo de tomates. ¿El objetivo? Protestar por la situación de los pequeños productores y demostrar que los intermediarios, empresas de transportes y supermercados se quedan con una tajada enorme del precio que paga el consumidor.

Diego Montón, uno de los referentes a cargo de la organización de estas ferias, traza un panorama preocupante. “Si analizamos el presente de los productores hortícolas, por ejemplo, vemos que en Mendoza hay unas 6000 familias que se dedican a esa actividad. Juntas, estas familias generan más del 70 por ciento de la producción hortícola de la provincia. Sin embargo más la mitad no tiene tierras, es decir que son personas que se ven obligadas a arrendar, con contratos que casi siempre son irregulares y con pozos de agua que generan tarifas eléctricas impagables”, detalla.

Los productores de otros rubros no están mejor. Las cerca de 5000 familias que se dedican a la cría de cabras, los comúnmente llamados “puesteros”, no tienen dónde faenar. A pesar de que -según Montón- Mendoza es la segunda provincia en producción de ganado caprino, “todos los frigoríficos municipales, excepto el de Lavalle, están parados. No hay condiciones para comercializar el chivo legalmente, y no hay ninguna política al respecto”.

Montón dice que antes de la gestión Macri la realidad campesina no era perfecta, pero al menos existía alguna ayuda: “estaban la Secretaría de Agricultura Familiar, el Monotributo Social Agropecuario y otras herramientas -subraya-. Hoy la situación se ha agravado. La diferencia entre lo que se le paga al productor y lo que paga el consumidor ronda el 600%, e incluso puede llegar al 1000%”. 

A esto hay que sumarle, a partir de este año, la exigencia de obtener el Documento de Tránsito Vegetal para transportar verduras por las rutas. Montón: “hay muchas familias que tienen dificultades para tramitar este permiso, lo que ha empujado al sector aún más hacia los intermediarios”. Como si fuera poco, la dolarización de los insumos no hace más que restringir todavía más las posibilidades de desarrollo.

Frente a la suma de obstáculos, los productores plantean algunas propuestas: que se permita el uso de tierras improductivas, que se establezcan tarifas diferenciadas, que el estado intervenga en el mercado concentrador y que se simplifiquen los trámites legales para los pequeños productores.