El diputado nacional de Juntos por el Cambio y presidente de la comisión de Defensa, Alberto Asseff, presentó un "proyecto de resolución" para que el Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio del Ministerio de Justicia de la Nación "extreme las medidas" en pos de "asegurar la igualdad de derechos" a los imputados y condenados por delitos de lesa humanidad.

El proyecto de resolusión de Asseff pide que se extremen medidas para "asegurar la igualdad de derechos para todas las personas encartadas, sea con prisión preventiva o con condena, aplicándoseles las normas vigentes y constitucionales", en clara referencia a los genocidas. El proyecto además está acompañado por la firma de los diputados Pablo Torello (PRO) y Carlos Zapata (Ahora Patria) del interbloque Juntos por el Cambio.

Dentro del texto el diputado señaló que el Gobierno "detenta poder y busca seguir haciéndolo", para lo que necesita de la "simpatía" de los votantes la cual se conseguiría, según Asseff, si se "castiga" a los acusados de delitos de lesa humanidad. 

"El enemigo revivido del gobierno de turno -los acusados de delitos de lesa humanidad- debe ser castigado, para lograr así la simpatía del sufragista", detalla textualmente el documento.

Además, en declaraciones radiales aseguró: “En el año 2022 hay otros genocidios: el genocidio…vamos a decir por extensión el genocidio de la inflación, el genocidio de la pobreza, el genocidio de la droga y de las adicciones que crecen; ahí sí podemos hablar de genocidio. No hay genocidio. Acá no hay una banda política que haya tomado las armas y esté así generando terror”.

"Estamos hablando de gente enferma en serio, porque yo tengo el informe que el Servicio Penitenciario Nacional me mandó a mi despacho hace 6 o 7 años cuando pedí en ese momento ese informe, el 95% de los presos por delitos de lesa humanidad tiene patologías graves”, añadió.

Pese a las declaraciones de Asseff y su presentación del "proyecto de resolución", la semana pasada se difundió un informe de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación sobre las condiciones de detención de procesados y condenados por crímenes de lesa humanidad que determinó las unidades penales 34 de Campo de Mayo y 31 de Ezeiza "tienen condiciones adecuadas para alojar allí a personas de edad avanzada, incluso con problemas de salud".