La Cámara Federal porteña dictó la falta de mérito a la mayoría de los empresarios imputados en la investigación por el pago de sobornos para la adjudicación de obra pública, con relación al delito de asociación ilícita.

El Tribunal resolvió procesarlos por cohecho, un delito más grave que el de dádivas, imputado en algunos casos por el juez Claudio Bonadio.

En la misma resolución la Cámara confirmó el procesamiento de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y del ex ministro de Planificación, Julio De Vido, entre otros ex funcionarios de la gestión anterior.

 

En el grupo de 22 empresarios alcanzados por la resolución de la Cámara aparecen, entre otros:

• Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, ex director de Iecsa
• Aldo Roggio, titular del Grupo Roggio
• Luis Betnaza, el CEO de Techint
• Gabriel Romero, dueño del grupo Emepa
• Juan Chediack, ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción
• Enrique Pescarmona, propietario de IMPSA 

Los tres empresarios que quedaron dentro de la asociación ilícita son:

• Ernesto Clarens, financista, acusado como organizador
• Carlos Wagner, ex titular de la Cámara de la Construcción, también sindicado como organizador
• Gerardo Ferreyra, presidente de Electroingeniería

Tanto Clarens como Wagner permanecerán en libertad tras haber sido admitidos al régimen de los imputados colaboradores o arrepentidos, mientras que Ferreyra seguirá en prisión.