La ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, acusó a la justicia de ser la responsable del actual estado de salud de Florencia a partir de su supuesta responsabilidad en las causas "Los Sauces" y "Hotesur", que ya se encuentran elevadas a juicio oral.

Los Sauces

Florencia Kirchner está acusada por el juez ClaudioBonadio de adulteración de documentos públicos, y el posible pago de coimas y lavado de dinero por poseer el 22,5% de las acciones de la empresa Los Sauces S.A. El resto corresponde en un 45% a Cristina Kirchner y un 32,5% a Máximo Kirchner.

Según la justicia, Los Sauces S.A. se creó en el año 2006 y tuvo el objetivo de recibir el pago de supuestos alquileres como “pantalla” de las coimas recibidas por parte de empresarios favorecidos con contratos y sobreprecios de las obras públicas del Estado.

A partir de los beneficios económicos recibidos por Florencia Kirchner en este contexto el juez Bonadio la embargó por un equivalente a $100 millones.

Hotesur

La causa “Hotesur”, a cargo del juez Julián Ercolini, acusa a Florencia Kirchner (junto con Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner, entre otros) de formar parte de una asociación ilícita y presunto lavado de activos.

El juez Ercolini intentará comprobar que hubo un procedimiento ilegal en el que hubo una compra de hoteles con préstamos de empresarios relacionados con sobreprecios en la obra pública del Estado; se constituyeron empresas para la administración de los esos fondos; se blanqueó dinero de “retornos” de empresarios a través de falsos alquileres de las habitaciones de los hoteles; y se produjo un enriquecimiento de la familia presidencial a través de esas maniobras y justificando los ingresos ante la Oficina Anticorrupción.

En el año 2016, fueron embargados 4,6 millones de dólares de la caja de seguridad de Florencia Kirchner con el objetivo de comprobar si ese dinero pertenecía a dichas transferencias.

En definitiva, El juez acusó a los involucrados de conformar "un complejo entramado societario para poner en circulación en el mercado parte de las ganancias obtenidas como consecuencia de la defraudación al Estado (la causa de obra pública)".

La defensa de la familia Kirchner sostiene que no existieron sobreprecios en los alquileres que se hicieron a la empresa Valle Mitre de Lázaro Báez; que todas las transferencias fueron bancarizadas para evidenciar la legalidad de las mismas; y que las empresas que alquilaban en Hotesur también tenían contratos con otras empresas hoteleras bajo condiciones similares.