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A partir del anuncio del Gobierno de reducir los montos de las indemnizaciones laborales, un panorama histórico de los trabajadores asegurados y el impactos de los siniestros y juicios laborales.
El Gobierno anunció, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, una modificación en el cálculo de indemnizaciones laborales por siniestros utilizando un índice menor al que se utilizaba hasta el momento.
A partir de ahora se tomará en cuenta el índice de Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) cuando previsamente se consideraba la tasa activa de los bancos.
El gobierno consideró que de seguir el método anterior, a partir de los cambios económico-financieros del país, "desnaturalizaría los derechos de los trabajadores beneficiarios del sistema, haciendo que las indemnizaciones que les corresponden, legalmente orientadas a la finalidad reparadora de los daños sufridos por ellos, generen rendimientos financieros disociados del daño a reparar y ajenas al propósito que inspira la norma".
La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) que depende del Ministerio de Trabajo y Producción de la Nación, registra los datos estadísticos relacionados con la cantidad de trabajdores asegurados, los siniestros notificados y los casos que se judicializan.
Los registros oficiales comienzan en el año 2010:
Una variable que ayuda a entender y comparar si el aumento o la reducción de los siniestros registrados es proporcional a la cantidad de trabajadores que tiene cobertura es la variables de los siniestros cada 1.000 trabajadores cubiertos.
2010: 89,2 // 2011: 89,8 // 2012: 87,3 // 2013: 87,6 // 2014: 84,6 // 2015: 78,6 // 2016: 64,6 // 2017: 58,4 // 2018: 57,8
Nuevamente, la variables de juicios por mil trabajadores destaca al 2016 como el de más litigios en proporción a la cantidad de trabajadores cubiertos:
2010: 7,1 // 2011: 7,6 // 2012: 8,0 // 2013: 9,5 // 2014: 10,1 // 2015: 11,5 // 2016: 13,3 // 2017: 12,7 // 2018: 8,0
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