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Cuarta marcha contra los travesticidios y los transfemicidios
Miles de personas se movilizan de Plaza de Mayo al Congreso Nacional en Buenos Aires y otras marchas se realizan en ciudades del interior para denunciar los crímenes de odio. Reclaman la sanción de leyes de cupo laboral y otras políticas inclusivas.
La primera marcha contra los travesticidios se hizo en 2016 tras el crimen de la activista Diana Sacayán.
En coincidencia con el 50° aniversario de la revuelta mítica en el bar Stonewall, este 28 de junio, se realizó en Buenos Aires la cuarta Marcha del Orgullo Trans/Travesti contra los travesticidios y los transfemicidios. La primera movilización se organizó en 2016, tras el asesinato de la activista Amancay Diana Sacayán, el 11 de octubre de 2015.
Movilizaciones similares se replicaron en varias ciudades del interior, entre ellas Rosario, Trelew y Bariloche.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó en informes y comunicados lo que las organizaciones por los derechos de las personas trans vienen diciendo: las violencias por motivos de género, sumadas a la pobreza y la exclusión reducen la esperanza de vida de las travestis y mujeres trans a los 35 años promedio.
Si bien en la Argentina no existen datos oficiales, un informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, en articulación con la Federación Argentina LGBT, señala que 67 personas murieron en el país en 2018, como consecuencia de crímenes de odio basados en la identidad sexual y falta de acceso a derechos básicos. La mayoría eran personas trans. En lo que va de 2019 registraron 37 casos.
Las organizaciones del colectivo trans reclaman la urgente aprobación de leyes de cupo laboral trans con políticas de trabajo digno; que las políticas migratorias consideren además los factores de violencias por motivos de odio que impulsan la movilidad y la especial protección que demandan; que se reconozcan y se reparen las violencias estatales a las que la mayoría del colectivo travesti y trans están sometidas por las fuerzas de seguridad, instituciones médicas, de encierro, y otras áreas del Estado, la promoción de políticas inclusivas.
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