El inicio del mes de septiembre tiene para el estado de Texas, el segundo distrito más poblado en los Estados Unidos, la prohibición casi absoluta de los abortos legales. 

Esto porque el gobernador, Greg Abbott (Partido Republicano), firmó una ley estatal que prohíbe de manera efectiva la interrupción del embarazo después de las seis semanas, antes de que la inmensa mayoría de las personas gestantes sepas que están embarazadas. 

Esta legislación viola los principios del caso que tuvo lugar en el año 1992 llamado Planificación familiar vs Casey, el cual sienta como precedente “el derecho de la mujer a optar por un aborto antes de la viabilidad y a obtenerlo sin interferencia indebida del Estado”. 

Como precisa esta nota, según la ley de Texas “las pacientes tendrían que conocer bien su ciclo menstrual y reconocer de inmediato que están embarazadas para poder abortar. También deberán poder viajar a una clínica y reunir el dinero para el procedimiento dentro del tiempo permitido”. 

Esta legislación ya entró en vigencia básicamente porque bajo el silencio de la Corte Suprema de Justicia, ningún tribunal bloqueó el proyecto. 

Pero lo que está en juego en este caso es bastante importante, primero porque, según los registros estatales, a las seis semanas de embarazo ocurren solo el 15% de los abortos y segundo porque este caso sienta precedente para que otros estados busquen la mismo. 

En la distancia de siempre entre la realidad y la justicia, las 11 clínicas principales de aborto en Texas ya habían dejado de programar abortos después de la sexta semana de embarazo a mediados de agosto de este año.

En paralelo, por eso es que se habla de una doble amenaza sobre el derecho al aborto, es que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos y sus 9 integrantes estan por pronunciarse sobre el expediente de Dobbs contra la Organización Jackson de la Salud de Mujeres, un centro de aborto con licencia estatal ubicado en el estado de Misissipi.

¿Por qué es importante esto? Porque el caso hace referencia a una ley de este estado que en el año 2018 prohibió los abortos después de solo 15 semanas de embarazo, sin excepciones por violación o incesto. 

De ser contrario, esto podría significar el fin del aborto legalizado en los Estados Unidos básicamente por la idea de la jurisprudencia y el desafío al caso de Roe vs Wade que en el año 1974 legalizó el aborto en todo el país marcando que los estados no pueden prohibir el aborto antes de que el feto sea viable para vivir fuera del útero, lo que generalmente ocurre alrededor de las 24 semanas de embarazo.

El hecho de que la Corte Suprema de Justicia accediera a tomar el caso es una clara señal de que al menos cuatro de los nueve jueces, el número mínimo necesario para acceder a escuchar un caso, quieren revertir ese fallo. 

Cuando nos referimos a la máxima instancia judicial es importante resaltar que tras la muerte de Ruth Bader Ginsburg (RBG) y la designación por parte de Donald Trump de Amy Coney Barrett, la Corte quedó con una mayoría a priori conservadora de 6 a 3. 

Osea que en primer término se ve el frente político judicial y el hecho de que después de octubre de 2020, osea tras la salida de RBG, estas temáticas están teniendo no solo cada vez más presencia social sino además su respaldo judicial. 

De esta manera, la democracia y el país de las oportunidades parece estar dando marcha atrás en una cuestión bastante sensible porque como ya ha demostrado el sentido común y la empiria, las leyes contra el aborto no detienen las prácticas sino que además los hacen peligrosos.