En el quinto encuentro del ciclo “Comunidad de Ideas”, en Rosario, Alberto Föhrig, Flavia Carbonari y Gustavo González, debatieron sobre el narcotráfico en Rosario y en la provincia de Santa Fe, con la moderación de la diputada Lionella Cattalini. La convocatoria fue la siguiente: ¿Qué hacer con la violencia? Miradas y perspectivas para respuestas posibles. Los especialistas discutieron distintas dimensiones de abordajes, y se refirieron al rol y la necesidad de los liderazgos políticos en el marco del combate en estas problemáticas.

En la oportunidad, Flavia Carbonari comenzó por señalar que “la violencia en América latina es heterogénea, responde a muchos factores, con lugares de mayor concentración, como es el caso de Rosario, donde además está concentrada en barrios y en calles. Es importante tenerlo en cuenta porque nos ayuda a pensar respuestas y políticas focalizadas”, señaló la especialista en desarrollo social y prevención de la violencia.
 
Alberto Föhrig, en tanto, describió “un cambio a nivel latinoamericano cuando el narcotráfico dejó de ser un fenómeno alejado de la Argentina, centrado en Colombia y México. Ese eje sigue existiendo pero ahora tiene manifestaciones más al sur, en países vecinos al nuestro. Brasil tiene dos organizaciones -el Primer Comando de la Capital y el Comando Vermelho- que han creado un fuerte dominio con altos niveles de violencia y conexiones internacionales, y con presencia creciente en Paraguay. Allí hay muchas complicaciones en el sistema político, incluido el asesinato de un fiscal. Este cambio nos complica a nosotros”, advirtió el director del Centro de Políticas Estratégicas y Asuntos Globales de la Universidad de San Andrés y ex secretario de Coordinación del Ministerio de Seguridad de la Nación (2015-2019).
 
En tanto, Gustavo González -docente, investigador, secretario de Política Criminal y DDHH del Ministerio Público Fiscal de Santa Fe- hizo hincapié en “la falta de un diagnóstico serio y riguroso con respecto al narcotráfico en la Argentina”. También apuntó a “la política basada en la prohibición-represión, los presupuestos destinados mayoritariamente a controlar la oferta y muy poco a la demanda; y la débil estrategia del Estado para combatir el lavado de activos. Hubo modificaciones que demandan un debate y un fuerte consenso político para generar un nuevo esquema normativo que permita trabajar también sobre la demanda”.
 
Al respecto, Carbonari -quien entre 2016 y 2019 se desempeñó como asesora especial de la Secretaría de Coordinación, Formación y Carrera del Ministerio de Seguridad de la Nación- indicó que en la región ha habido avances en cuanto a abordar “las causas generadoras del comportamiento delictivo con políticas sociales sin descuidar las políticas de control, sobre todo a nivel local”. Y destacó que “en todos los casos  donde se lograron buenos resultados hubo fuertes liderazgos políticos de las máximas autoridades, es decir, intendentes y gobernadores”.
 
También señaló la importancia de “la articulación con diversos sectores sociales a la hora de trabajar en la prevención, así como las políticas focalizadas en las áreas y poblaciones de riesgo específicas”. Y por último, la inversión en monitoreo y evaluación de esas acciones: “Es fundamental contar con evidencias para poder evaluar las políticas implementadas”.
 
González coincidió en cuanto a la necesidad de construir información confiable: “No siempre el narcotráfico y el consumo de drogas ilegales están vinculados a niveles altos de violencia. Europa es un ejemplo. Entonces necesitamos otras explicaciones para entender nuestra realidad”. En ese sentido, destacó que en la provincia de Santa Fe, desde 2014, “distintas agencias del Estado provincial, del Ministerio Público de la Acusación y algunos gobiernos locales han venido elaborando herramientas analíticas y evidencias empíricas” de modo tal que hoy “tenemos información válida y confiable sobre cantidad de homicidios, su concentración geográfica urbana, con mayoría de víctimas varones menores de 30 años. Además, estos jóvenes viven y mueren en sus propios entornos que, por lo general, son de mucha desigualdad. Esto no quiere decir que pobreza es sinónimo de violencia, pero sí que la desigualdad es una condición de posibilidad para su desarrollo”.
 
En cuanto a Rosario, específicamente, Föhrig señaló que “tiene características que la vuelven única, como ubicación geográfica y su actividad económica, que permiten la rápida llegada al puerto, desde donde sale una enorme cantidad de buques en los que es muy sencillo transportar droga”. Sin embargo, también opinó que “droga no es sinónimo de violencia" y que la actual situación de la ciudad demanda implementar “políticas distintas a las que han aplicado en el pasado. Pero hay margen para abordar el fenómeno con decisiones audaces no sólo de los actores de Santa Fe sino a nivel nacional”.
 
Comunidad de Ideas

Es un espacio abierto y horizontal donde se podrán escuchar las voces de invitados especiales para pensar desde distintas disciplinas y sectores las formas de hacer y abordar cinco cuestiones específicas: la política, el ambiente, la seguridad, la igualdad y el desarrollo económico. El objetivo es reflexionar y construir propuestas superadoras sobre estas temáticas centrales que atraviesan a la sociedad.
 
En el primer encuentro Marina Dal Poggetto y Pablo Touzón abordaron la situación actual de la política, afectada por la crisis de representación y el ascenso de posiciones antisistema, entre otros aspectos.
 
El segundo, con el eje “Opinión Pública después de la pandemia. Polarización y desconfianza”, contó con la presencia de Nacho Ramírez, Mariana Gené y Natalia Aruguete.
 
Con la participación de Emmanuel Álvarez Agis, el tercer encuentro se denominó “Crisis cambiaria e inflación. Escenarios y salidas posibles”.
 
El cuarto encuentro abordó el tema de la violencia y el narcotráfico en una doble jornada desarrollada en las ciudades de Santa Fe y Rosario, que se denominó “Política de drogas en Argentina. ¿Cuáles son las respuestas posibles?”. Participaron Mariano Fusero (abogado y presidente de Reset-Política de Drogas y Derechos Humanos); Ana Clara Camarotti (especialista en planificación y gestión de políticas con foco en la promoción, prevención y vulnerabilidades en materia de salud), Marcelo Bergman (director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia de la Universidad de Tres de Febrero), Gustavo González (secretario de Política Criminal y DDHH del Ministerio Público Fiscal de Santa Fe), y Valeria Haurigot (fiscal de la Unidad Especial de Balaceras de la ciudad).

Participan de la organización de este ciclo instituciones locales, provinciales y nacionales como La Usina Social (Rosario), Demos (Santa Fe), Los Molinos (San Jorge), Centro de Estudios Regionales (Capitán Bermúdez), Centro de Políticas Públicas (Villa Constitución), Demos (Suardi), Compromiso (Sunchales), Cemupro (Buenos Aires) y la Fundación Estévez Boero.