En el relevamiento de conflictos que Amnistía Internacional lleva adelante desde hace cinco años llamado "Territorio Indígena", este año se destacan dos situaciones. La del pueblo Nivaclé en la provincia de Formosa, que reclama el derecho a la identidad y el acceso a la documentación nacional de identidad. Y el pedido de justicia de la comunidad Qompor los abusos y tortura por parte de la policía chaqueña. Estos dos casos son apenas un ejemplo de la deuda del Estado argentino en la garantía de derechos. 

“En Argentina, los pueblos indígenas atraviesan situaciones reiteradas de violencia institucional que los estigmatiza, criminaliza y reprime. Algunos de ellos ni siquiera logran acceder a algo tan necesario como el documento nacional de identidad (DNI). En un día como hoy, Amnistía Internacional reitera el deber que tiene el Estado argentino en lo que respecta el cumplimiento de los derechos de los pueblos, la necesidad de detener la violencia policial y avanzar de manera urgente en la implementación de ley de emergencia territorial indígena”, señaló Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina.

El Pueblo Nivaclé de Formosa 

El pueblo Nivaclé habita en la provincia de Formosa desde tiempos inmemoriales. Pese a ello no es reconocido por la provincia y cerca del 30% de la comunidad no accede a las actas de nacimiento ni documentos, violando así el derecho a la identidad. De este modo, se profundiza la situación de vulnerabilidad y el riesgo de no tener nacionalidad alguna. 

En 2018, el Comité de los Derechos del Niño expresó su preocupación por la inscripción de los nacimientos y pidió que se regularice el acceso a la documentación. 

Por su parte, el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas en su visita a Argentina ha llamado al Estado a “prestar una atención particular” al pueblo Nivaclé y cumplir con el deber de proporcionarles los servicios sociales y de salud necesarios.

Familia qom en Chaco

El 31 de mayo de 2020 agentes de seguridad de la Comisaría Tercera de la localidad de Fontana, Chaco, ingresaron a una casa por la fuerza, sin orden de allanamiento, y con violencia. Tras denuncias de amenazas, tortura y abuso por parte de los agentes en la sede policial. Luego de más de 10 horas, los jóvenes fueron liberados. A la fecha, hay 10 imputados en la causa incluyendo a la máxima autoridad de la Comisaría 3ra. por los delitos de vejaciones agravadas, allanamiento ilegal, detención ilegal, falsedad ideológica y encubrimiento.

Amnistía Internacional apoya el reclamo de la familia y las querellas para incluir la calificación de los hechos por el delito de tortura, a raíz del grave padecimiento físico y psicológico relatado por los jóvenes. 

"Es preciso que casos como éste no queden en la impunidad y sean debidamente investigados, considerando la discriminación racial, exclusión e invisibilización histórica que enfrentan los pueblos indígenas en Argentina. Identificar la persistencia de este tipo de patrones en la cultura institucional de las fuerzas de seguridad resulta central para prevenir que hechos de violencia de esta naturaleza se repitan", concluyó Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina.