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La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley de Responsabilidad Penal Empresaria, impulsado por el Gobierno.
La iniciativa incorpora a las Personas Jurídicas como imputables en todos los delitos establecidos en el Código Penal con carácter de “imprescriptibles” y con penas mínima superiores a los 4 años para que no sean excarcelables pero con reducción de las sanciones económicas.
Sin embargo, la alianza Cambiemos no pudo imponer el polémico artículo 37 del dictamen (rechazado por 131 votos a 87), en el que propiciaba que el procurador General del Tesoro pudiera hacer “acuerdos administrativos” con las compañías imputadas por fuera del ámbito judicial y con retroactividad a los supuestos delitos cometidos.
La oposición tildó de “inconstitucional” y desde el Frente para la Victoria atribuyeron a la intención de dar impunidad a empresas ligadas a la familia de Mauricio Macri, en referencia al caso Odebrecht - Calcaterra. Desde el oficialismo insistieron con el texto original artículo 37 que otorgaba al Procurador del Tesoro, que depende del Presidente, el poder de pactar con las personas jurídicas, las empresas.
Además, aseguraron que la intención del oficialismo es habilitar al procurador Bernardo Saravia Frías, un abogado de las empresas familiar de presidente, a seleccionar con la multinacional brasileña los delitos cometidos en la Argentina y desvincular a la sospechada empresa contratista que era del primo del Presidente.
Con el propósito de poder realizar un acuerdo administrativo de colaboración eficaz por fuera del ámbito de la justicia y con retroactividad sobre el supuesto delito cometido, terminó rechazado por 131 votos negativos
