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Adelantaron su negativa a discutir un proyecto que mejore el funcionamiento de la Justicia ya que, en su opinión, el objetivo es la impunidad para la vicepresidenta.
Diputados de la Unión Cívica Radical manifestaron su rechazo a la reforma judicial que el gobierno presentó hoy a través del presidente Alberto Fernández, quien empieza a darle forma a una de sus promesas de campaña.
"La reforma judicial está diseñada por la vicepresidenta. Si no, es inexplicable que con pandemia y crisis económica quieran ampliar los tribunales", dijo el diputado Luis Petri.
Gustavo Menna, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja explicó que solo se busca darle un barniz académico a una decisión ya tomada de reeditar la Corte de los ‘90", en referencia a la Mayoría Automática de la Corte durante los 90'.
El diputado Álvaro de Lamadrid opinó que "la reforma de la Justicia es la destrucción de la Justicia, nada tiene que ver con mejorarla, hacerla más transparente o brindarle más eficiencia".
No a la Reforma que busca someter a la justicia pic.twitter.com/GPpCs18eee
— Luis Petri (@luispetri) July 29, 2020
En otros términos, el jefe de la bancada del PRO, Cristian Ritondo, aseguró que el proyecto anunciado hoy "puede esperar".
"Vivimos un momento de preocupación por la pandemia, la sociedad ya padece numerosos problemas como para abrumarla con temas que no son prioritarios", indicó el ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.
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El informe de ARCA detalló que los ingresos totales alcanzaron los $16,2 billones, con subas destacadas en IVA, Bienes Personales y Derechos de Exportación.
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El gobernador pidió que se resuelva el reclamo por los fondos que Nación le quitó a las provincias y cuestionó que el endeudamiento “no se use para el bienestar del pueblo”.
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El objetivo es visibilizar el rechazo al decreto impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, comandado por Federico Sturzenegger, que pretende “reducir la estructura y limitar las funciones” del organismo.
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El personal del hospital denunció la falta de respuestas del Gobierno y reiteró la exigencia de una recomposición salarial. Las renuncias continúan y piden que el salario inicial supere los $1.800.000.
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La causa impulsada por Fabiola Yañez por lesiones y amenazas pasó a la etapa final antes del juicio. El tribunal oral será sorteado en los próximos días.
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