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La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos bloqueó la decisión del presidente Joe Biden que pedía como requisito que los empleados de las empresas se vacunen contra el Covid-19 o se sometan a pruebas semanales y usen tapabocas en el trabajo.
Frente a la decisión judicial, el mandatario norteamericano se mostró "decepcionado" del fallo de la Corte.
"Estoy decepcionado de que la Corte Suprema haya decidido bloquear unos requisitos de sentido común, que pueden salvar vidas", que estaban dirigidos a "empleados de grandes empresas, basados directamente en la ciencia y la ley", manifestó en un comunicado Biden.
Además, pidió a los empresarios "hacer lo correcto para proteger la salud y la economía de los estadounidenses".
La mayoría conservadora de la Corte concluyó que la administración se extralimitó en su autoridad al tratar de imponer la regla de vacuna o prueba de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional a las empresas estadounidenses con al menos 100 empleados. Más de 80 millones de personas se habrían visto afectadas.
Sin embargo, en el caso de los trabajadores sanitarios, la obligatoriedad fue aprobada por mayoría, en una votación de 5 contra 4. De esta manera, se aplicará a los proveedores de atención médica que reciben fondos federales de Medicare o Medicaid, lo que podría afectar a 76.000 centros de atención médica.
Tras meses de llamamientos públicos a las personas indecisas o reacias a recibir sus vacunas, el mandatario norteamericano aumentó la presión en septiembre: "Hemos sido pacientes, pero nuestra paciencia se está agotando", comentó.
El líder demócrata había decretado entonces que las vacunas contra el coronavirus fueran obligatorias en las empresas que emplean a 100 trabajadores o más, así como para los trabajadores de la salud en las instalaciones que reciben fondos federales.
Las empresas con 100 empleados o más representan aproximadamente dos tercios de la fuerza laboral del sector privado, lo que equivale a unos 80 millones de personas, mientras que la obligación de vacunación de los trabajadores de la salud afecta a cerca de 10 millones de personas.
La Administración de Salud y Seguridad Ocupacional había dado plazo hasta el 9 de febrero a las empresas para cumplir con las reglas o enfrentar la posibilidad de multas.
La obligación de vacunarse fue cuestionada de inmediato por algunos legisladores republicanos, así como para propietarios de empresas, entendiendo esta disposición como una violación de los derechos individuales y un abuso de poder por parte del Gobierno, algo que la Corte ratificó en las últimas horas.
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