La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.

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El fiscal Di Lello avanza en la investigación por la campaña 2017 de la provincia de Buenos Aires. La cartera que conduce Carolina Stanley reconoció irregularidades que complican a María Eugenia Vidal
El Ministerio de Desarrollo Social presentó un informe en el que reconoce que encontró 150 aportantes a la campaña de Cambiemos que son beneficiarios de planes sociales. Sucedió en el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal electoral con competencia electoral, Jorge Di Lello.
El informe de la cartera que conduce Carolina Stanley reveló que más de la mitad de estos casos testigos perciben planes sociales y mayormente la Asignación Universal por Hijo (AUH).
“Me parece que hay que dilucidar a través de la auditoría y de la Justicia qué fue lo que pasó o si hubo un error”, dijo Stanley durante una entrevista televisiva.
“Siempre pongo las manos en el fuego por María Eugenia y por todos, no tenemos nada que esconder”, aseguró la funcionaria.
"La gobernadora fue muy clara no sólo en mandar a hacer una nueva auditoría, sino también en correr a la persona que se ocupó de este tema” y al igual que el resto del Gobierno indicó: “Ahora tiene que investigar la Justicia, se va a entregar toda la documentación necesaria.”
La denuncia sobre los falsos aportantes a la campaña bonaerense de Cambiemos se abrió a partir de una investigación donde se reveló que al menos 250 personas que figuraban en las listas de financiamiento presentada ante la Cámara Nacional Electoral eran en realidad beneficiarios de planes sociales que no tuvieron ni la intención ni la capacidad económica de colaborar con la alianza.
Desde que se destapó la denuncia, ex candidatos, concejales y hasta los mismos integrantes de Cambiemos comenzaron a denunciar que ellos también figuraban en las listas de aportantes, cuando en realidad tampoco lo hicieron.
La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.
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