El diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei, se pronunció a favor de la venta de órganos y desde el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) salieron al cruce.

"La donación de órganos se basa en una decisión solidaria, altruista y desinteresada, por lo que no puede existir ninguna contraprestación económica a cambio", señaló el organismo, a través de un hilo publicado en Twitter.

"En nuestro país -continuó- solo está permitida la donación de órganos en vida para los mayores de 18 años en caso de parientes consanguíneos o por adopción hasta el cuarto grado, cónyuges, o personas que mantengan una unión convivencial. De esta forma, se garantiza que no exista comercio ni ningún tipo de contraprestación por la donación de órganos".

El Instituto recordó que el comercio de órganos "se encuentra prohibido por la Ley de Trasplantes" y señaló que la legislación argentina "regula minuciosamente toda la actividad de donación y trasplante, de tal manera de ofrecer una garantía de transparencia y trazabilidad de todos los procesos".

El economista libertario se había expresado a favor de la venta de órganos, al sostener que se trata de "un mercado más". "Vos podrías pensarlo como un mercado. El problema es por qué todo lo tiene que estar regulando el Estado", dijo. Y afirmó: "Hay estudios en Estados Unidos que indican que, si dejaras esos mercados libres, funcionarían muchísimo mejor y tendrían menos problemas".

"Si el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, y en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad, mi primera libertad es mi cuerpo. ¿Por qué no voy a poder disponer de mi cuerpo?", insistió.

"Las políticas sanitarias, a través del sistema de donación y trasplante, garantizan la equidad en el acceso al trasplante para toda persona que lo necesite, independientemente de su condición social o económica", subrayaron desde el INCUCAI.

El organismo indicó que "la asignación de órganos y tejidos se basa en criterios únicos establecidos por normas nacionales elaboradas por comisiones técnicas con amplio consenso" y remarcó que "la gratuidad es condición esencial para asegurar la transparencia del sistema y garantizar equidad con base en principios de justicia distributiva".