El Senado convirtió en ley el proyecto que establece una reparación económica para los familiares de las 44 víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017.

Durante una sesión especial, la Cámara Alta aprobó por unanimidad la iniciativa establece que los familiares del personal militar tripulante del submarino "tienen derecho a recibir una indemnización por grupo familiar", que será percibida por hijos o hijas en partes iguales y la o el cónyuge, siempre y cuando no hubiesen estado separados de hecho al día de la desaparición del submarino.

El beneficio extraordinario económico es equivalente a la remuneración mensual de los agentes de Nivel A, Grado 0, del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), multiplicado por 100. De acuerdo con los cálculos actuales, ese beneficio superaría los siete millones de pesos para cada grupo familiar.

A su vez, el proyecto señala que el cobro del beneficio "importa la renuncia a todo derecho por indemnización de daños y perjuicios y será excluyente de todo otro beneficio o indemnización por el mismo concepto" y establece que que los familiares de los marinos fallecidos tienen un año para reclamar la indemnización.

Además, determina que el otorgamiento del resarcimiento "es incompatible con cualquier acción judicial en trámite, de reclamo de daños y perjuicios por parte de los y las beneficiarios y/o beneficiarias".

Aunque el proyecto de ley fue aprobado por unanimidad, el oficialismo y la oposición se acusaron mutuamente por la responsabilidad del hundimiento del submarino.

La nave, con 44 tripulantes, desapareció a mediados de noviembre de 2017 mientras realizaba un patrullaje por la zona económica exclusiva de la Argentina y fue encontrada un año después, a más de 900 metros de profundidad y a 500 kilómetros de la costa de la ciudad de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut.

Aprueban el aumento en el financiamiento para ciencia y tecnología

Por otro lado, el Senado aprobó el proyecto para aumentar los recursos al área de la ciencia y la tecnología del actual 0,28% del Producto Bruto Interno (PBI) al 1% en 2032.

La iniciativa declara de interés nacional el desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República Argentina y establece el "incremento progresivo y sostenido del presupuesto nacional destinado a la función ciencia y técnica, por su capacidad estratégica para el desarrollo económico, social y ambiental".

El incremento de la inversión en ciencia, tecnología e innovación deberá destinarse a promover la federalización del sistema científico tecnológico a través de la producción, difusión y apropiación del conocimiento científico y tecnológico en todo el territorio nacional, priorizando las zonas geográficas de menor desarrollo relativo.

El presupuesto destinado a la función ciencia y técnica se incrementará progresivamente hasta alcanzar, en 2032, como mínimo una participación del 1% del PBI de cada año.

Otros objetivos del proyecto son "incrementar la infraestructura y equipamiento para potenciar las actividades de investigación, desarrollo e innovación, alentando su radicación en las provincias argentinas; desarrollar instrumentos y mejorar los procesos internos para el financiamiento de proyectos orientados a la investigación científica, tecnológica y a la innovación".

Además, "generar incentivos para la inversión del sector privado en actividades que involucren la investigación, el desarrollo y la innovación, fomentando el desarrollo de empresas de base tecnológica y la creación de aglomerados productivos destinados a generar bienes y servicios intensivos en conocimiento".

También se procura "estimular la generación de divisas mediante la exportación de productos y servicios con agregado de valor y fortalecer el proceso de sustitución de importaciones; propiciar la igualdad real y efectiva de la participación de las mujeres y la población LGTBI+ en todos los niveles y ámbitos del sistema científico-tecnológico".