El hacker que se atribuye el hackeo de los sistemas de la Policía Federal, publicó en las últimas horas un documento con información personal sobre Luis Chocobar, el agente de la Policía Local de Avellaneda que mató a balazos a un ladrón en el barrio porteño de La Boca y que recibió el respaldo del gobierno nacional.

El documento filtrado por el usuario identificado como LaGorraLeaks2.0 es una ficha laboral en la que junto con datos personales del agente (fecha de nacimiento y domicilio) se detallan sus intentos por sumarse a la Policía Federal.

Ese documento fue publicado ayer y es uno de los tantos que desde el pasado lunes una persona que se identifica como "LaGorraLeaks2.0" ventila a través de un grupo abierto de Telegram.

• El denominado caso Chocobar ocurrió el 8 de diciembre de 2017 cuando el policía mató a tiros en La Boca a Juan Pablo Kukoc, un delincuente que había apuñalado al fotógrafo estadounidense Frank Wolek (55).

Por ese hecho, el agente fue detenido y luego excarcelado, y desde el inicio contó con el apoyo del gobierno, al punto de que fue recibido en la Casa Rosada por el presidente Mauricio Macri antes de que la justicia dictara una resolución en el caso en el que se evalúa su accionar.

El documento sobre Chocobar se suma a una serie de datos reservados de la Policía Federal y de la Policía de la Ciudad ya publicados por "LaGorraLeaks2.0", quien se adjudicó además el hackeo de la cuenta de Twitter de la Prefectura Naval.

• La información filtrada abarca alrededor de 5GB de audios con escuchas telefónicas y una base de datos con 200.000 PDFs que contienen información personal de agentes policiales (nombre y apellido, DNI, teléfono fijo y móvil, estado civil, edad, mail, domicilio, dependencia, cargo, situación de actividad y número de legajo).

También, según constató la agencia Télam, están publicados los legajos en sí, y en ellos puede leerse además de los datos personales información detallada sobre familiares de los agentes (como nombre, apellido y DNI), los destinos a los que fueron asignados a lo largo de sus carreras, las sanciones disciplinarias que tuvieron, sus especializaciones y cursos, sumarios, cargas judiciales y embargos, entre otros datos.

El caso fue remitido ayer a la justicia federal porteña desde el fuero Criminal de la Ciudad de Buenos Aires, y el juez federal Luis Rodríguez ordenó una serie de medidas “técnicas y de campo” con el objetivo de intentar individualizar a los responsables de la intrusión informática.

"El suceso investigado involucraría el ingreso a las bases de datos de la Policía Federal Argentina, utilizando correos de internet apócrifos. Nos hallamos ante la obtención de información sensible que dispone la Policía Federal y que podría comprometer el ejercicio de su función", detalló uno de los investigadores del caso.