La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.

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Fue declarado sitio de interés cultural por la Legislatura porteña y ahora peligra su continuidad. Qué situación se vive.
El centenario Bar Plaza Dorrego de San Telmo se encuentra actualmente con deudas, denuncias de maltratos y muy cerca del cierre: ayer martes se venció el contrato de alquiler y el dueño del local se presentó junto a un escribano para pedirle al inquilino las llaves del local.
En las últimas semanas -según los empleados- ya no se adquiría mercadería y sólo se atendía al público cuatro horas por día. Además, a los siete mozos y una encargada de la limpieza que trabajan allí les audeudan dos meses de sueldo y dos años de aportes jubilatorios y obra social.
Rubén Yufera, de 78 años, es el propietario del fondo del local desde hace más de 30 años y debe ya cinco meses de alquiler pero asegura que "no quiere cerrarlo". Sobre él recaen varias denuncias por amenazas y malos tratos, hechos que los trabajadores aseguran que han hecho que el bar caiga en desgracia.
"Es una incertidumbre si es que esto va a continuar o no", le dijo a Télam Luis Palmeiro, abogado de los empleados del local. "La situación es de extrema precariedad. Lo único que hay en concreto hasta ahora es el incumplimiento del pago de salarios, porque no hubo escisión del contrato laboral. Y los trabajadores están cumpliendo servicios", agregó en diálogo con La Nación.
Los empleados tienen la esperanza de autogestionar el bar, pero para ello Yufera tiene que entregar las llaves y ellos deberán negociar directamente con el dueño, Oscar Vidal.
El Plaza Dorrego lleva 140 años en la esquina de Defensa y Humberto Primo y es un símbolo del barrio de San Telmo. En 2011 fue declarado sitio de interés cultural por la Legislatura porteña. Es reconocido, entre otras cosas, por haber albergado un histórico encuentro entre Borges y Sábato.
La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.
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