Según informó el Ministerio de Salud, el objetivo es asegurar una protección temprana y más efectiva y un aumento en la efectividad de la estrategia.

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"La confirmación de que el cuerpo encontrado en un río en la provincia de Chubut, Argentina, pertenece a Santiago Maldonado marca un día trágico para los derechos humanos y la justicia", recita la primera parte del comunicado publicado por Amnistía Internacional.
El organismo mundial de lucha por los derechos humanos, ha estado al tanto y en constante pedido de Justicia por la aparición con vida del artesano de 28 años durante los 82 días de desaparición. Tras confirmarse la trágica noticia no dudó en romper el silencio.
En dicho escrito, presentado ante medios del mundo, había asegurado en todo momento que la carátula de la causa era una "desaparición forzada" de Santiago, luego de la manifestación en la que Gendarmería actuó con violencia en una manifestación mapuche.
"En este trágico momento, nos unimos a la familia de Santiago y no descansaremos hasta que se haga justicia y todas las personas responsables de todos los niveles gubernamentales sean enjuiciadas," dijo Mariela Belski, directora de Amnistía Internacional Argentina.
Las autoridades deben garantizar justicia para Santiago Maldonado
— Amnistía Argentina (@amnistiaar) 20 de octubre de 2017
➡️ https://t.co/2l1lDpyPQy
Además, la máxima autoridad a nivel nacional del organismo, pidió que "las autoridades deben garantizar que se lleve a cabo una investigación independiente para determinar quién fue responsable de la desaparición y muerte de Santiago, quién la ordenó, y quién lo supo y no actuó"
"No garantizar la verdad, la justicia y la reparación expondrá cuál es la prioridad que el gobierno le da a su agenda de derechos humanos", concluyó Belski, en un claro mensaje a la gestión de Mauricio Macri.
Según informó el Ministerio de Salud, el objetivo es asegurar una protección temprana y más efectiva y un aumento en la efectividad de la estrategia.
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Las dos víctimas fueron identificadas como Mariano Latuff Zeballos y Ricardo Ferrer, ambos de la provincia de Santa Fe.
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La resolución fue impulsada por una acción de amparo presentada por la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores junto a seis beneficiarios afectados.
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