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El juez de Delitos Económicos de Paraguay, Humberto Otazú, dispuso este jueves que el ex senador Edgardo Kueider y su pareja, Iara Guinsel, continúen bajo prisión domiciliaria en Asunción. La medida cautelar se mantendrá mientras la Justicia avanza en la causa por presunto lavado de dinero, en la que se busca determinar el origen de los fondos utilizados para adquirir inmuebles.
Durante la audiencia de imposición de medidas, el magistrado fijó condiciones estrictas para ambos acusados: deberán permanecer en la residencia fijada ante el juzgado, presentarse a cada citación y no cambiar de domicilio sin autorización previa. La Fiscalía paraguaya continuará reuniendo elementos de prueba para verificar si la compra de seis departamentos de lujo por un valor superior al millón de dólares se realizó con recursos de procedencia ilícita.
Esta resolución judicial se dictó pocos días después de que un tribunal condenara a Kueider a dos años de prisión en suspenso y a Guinsel a un año y diez meses, también de cumplimiento condicional, por el delito de tentativa de contrabando. Al tratarse de penas no efectivas, ninguno de los dos deberá ir a prisión por ese expediente, originado el 4 de diciembre de 2024 al ser interceptados en el Puente de la Amistad con más de 200.000 dólares sin declarar.
En dicha causa, el tribunal desestimó el argumento de la defensa, que afirmaba que el dinero no podía considerarse mercadería. Los jueces concluyeron que los billetes constituyen bienes físicos sujetos a control y decomiso aduanero, por lo cual dieron por acreditada la maniobra para ingresar divisas a Paraguay sin la declaración obligatoria.
Mientras se desarrolla el proceso por lavado de dinero, la situación judicial de Kueider en el país vecino se completa con el avance del trámite de extradición solicitado por la Argentina, el cual ya fue aprobado por las autoridades paraguayas. En caso de efectivizarse el traslado, el ex senador deberá comparecer ante la jueza federal Sandra Arroyo Salgado en el marco de las causas abiertas en los tribunales locales por presunto enriquecimiento ilícito y asociación ilícita.
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