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Una consultora sostiene que los titulares de la AUH fueron los más perjudicados por la suba del costo de vida.
El poder de compra de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cayó 23% en los últimos dos años, como consecuencia de la inflación, lo cual explica en parte el incremento de la pobreza en la Argentina. El dato corresponde a un estudio de la consultora Invecq, que midió la evolución de la inflación y de esa asignación entre las PASO de 2019 y las de este año.
Por detrás se ubicaron los haberes de los jubilados -el propio oficialismo empieza a admitir que sufrieron un ajuste con la última reforma previsional- y los salarios. La AUH es de $ 4.504 por hijo y llega a 4,3 millones de chicos menores de 18 años, según la ANSES. El poder adquisitivo de la asignación, medido a precios constantes, es actualmente de $ 4.633 y representa el valor más bajo desde la creación del beneficio en noviembre del 2009.
El cálculo no tiene en cuenta el adelantamiento del 20% que normalmente es retenido y abonado en diciembre de cada año y que en esta oportunidad se cobró en julio último, para que llegara a impactar en las elecciones primarias. Además, el trabajo de Invecq tampoco incluye el impacto de la Tarjeta Alimentar, que el Gobierno puso en marcha antes de la pandemia para los beneficiarios de AUH que tenían niños menores de 6 años.
La pérdida sufrida por quienes perciben la asignación se ubicó por encima de la de los asalariados. Según el estudio, los asalariados perdieron un 5,5% en los últimos dos años frente a la inflación, pero mucho peor les fue a quienes trabajan en negro. Entre mayo-julio de 2019 el salario bruto era de unos $ 92.790 constantes, mientras que ahora no llega a los $ 88.000, según el trabajo.
En el mismo sentido se movieron las jubilaciones: el poder adquisitivo en la previa electoral de las PASO 2017 de un haber promedio era de $ 43.015, pero cayó a $ 39.795 en los tres meses previos a las de 2019 y en las últimas retrocedió a $ 37.132. El cálculo arroja que entre las elecciones de 2017 y las del domingo último, los jubilados perdieron 6.000 pesos constantes.
Las autoridades bromatológicas confirmaron que ambos productos son ilegales, presentan etiquetas engañosas y no garantizan condiciones seguras para los consumidores.
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