Más allá del resultado electoral, la sorpresa del domingo fue el discurso de Alberto Fernández. Lo hizo a través de un mensaje grabado en calidad de presidente, en lugar de hacerlo como dirigente de su espacio desde el búnker del Frente de Todos. Alejado de los pronósticos de una “radicalización” de su gestión, decidió hablarle a los mercados antes de dirigirse a la militancia y a quienes votaron por el oficialismo en las elecciones legislativas del domingo. 

Luego de semanas de tensiones financieras y especulaciones sobre el futuro del esquema de Gobierno, el presidente aportó dos certezas: la continuidad de Martín Guzmán a cargo del Ministerio de Economía, y la elaboración de un plan económico para sellar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. 

El “programa contemplará los mejores entendimientos que nuestro Gobierno haya alcanzado con el staff del FMI en las negociaciones que lidera nuestro ministro de economía, Martín Guzmán”, dijo Fernández en la noche del domingo. Así, evidenció que la continuidad del ministro es indisociable de las negociaciones con el Fondo, que continuaron en secreto mientras el oficialismo endurecía su discurso frente al organismo internacional, en el marco de la campaña electoral.

“En la primera semana de diciembre de este año, enviaremos al Congreso de la Nación un proyecto de ley que explicite el ‘Programa económico plurianual para el desarrollo sustentable’”, anunció el presidente. En la fecha señalada, el oficialismo presentará un plan al resto del arco político, incorporando los acuerdos que se hayan alcanzado con el FMI al momento. Este programa servirá como un insumo para presentar en la mesa de negociación con el Fondo, para llegar a un acuerdo antes del 20 de marzo de 2022.

El foco del proyecto estará puesto en el “sendero fiscal” que acordará previamente el Gobierno con el organismo internacional. El eufemismo hace referencia a la velocidad del ajuste en las cuentas públicas para llegar al superávit en el futuro cercano, una condición que impone el Fondo para garantizar el pago de la deuda por US$45.000 millones contraída por Mauricio Macri. 

Se espera que el programa económico no sea la única iniciativa enviada al Congreso para ser consensuada con la oposición. La creación de empleo formal fue uno de los temas principales de la campaña electoral, abordado por todo el arco político. En este sentido, el oficialismo enviará algún proyecto con incentivos para que las empresas contraten en blanco. Su alcance final es una incógnita: ¿se limitará a exenciones impositivas y alivio en cargas sociales o se extenderá a discutir las indemnizaciones, como propuso Juntos por el Cambio? En todo caso, una reforma laboral es otra de las condicionalidades tradicionales del FMI para firmar un Programa de Facilidades Extendidas.

Como vemos, las características del acuerdo se discuten enteramente bajo sus términos y lineamientos clásicos. La esperanza de un “nuevo Fondo”, moderno y adaptado a la realidad que impone la pandemia se esfuma con el tiempo. En este sentido, un programa que supere los 10 años de plazo de repago que reclamaba un sector del oficialismo quedó archivado hace meses.

Ahora, la propuesta de la eliminación de la sobretasa que paga Argentina por haber tomado un préstamo irresponsable que excede con creces su cuota en el organismo internacional se diluye en su burocracia. El Gobierno local esperaba ahorrarse US$1.000 millones por año obteniendo esta concesión. Sin embargo, de a poco va quedando fuera de la mesa de negociación.

Pese a que el Gobierno intenta mostrarse lejos del “arreglábamos en cinco minutos” con el FMI, como dijo recientemente Mauricio Macri, los tiempos se aceleran y la cancha se inclina cada vez más en favor del organismo internacional. 

Esto ocurre incluso cuando el expresidente le dio la razón a los argumentos que el oficialismo esgrimía para mostrar una posición más confrontativa. Macri no sólo confesó haber financiado la fuga de capitales con dinero del organismo cuando dijo que “esa plata la usamos para pagar a los bancos comerciales que se querían ir porque temían que vuelva el kirchnerismo”, sino que también admitió el carácter político del préstamo: “El Fondo vino, nos prestó para que podamos pagar y no entrar en default y seguir administrando la transición política hasta el segundo mandato”, dijo.

Tomando estas declaraciones, el proyecto que enviará el Gobierno al Congreso debería contar con apoyos de la oposición. Sobre todo, teniendo en cuenta que un acuerdo con el FMI es la mayor preocupación de los mercados financieros y el establishment local, según se lo manifestaron al presidente y sus funcionarios en las reuniones cara a cara que tuvieron lugar durante estas semanas. 

Fernández adelantó que la hoja de ruta cuenta con el apoyo del conjunto del Frente de Todos. Sin embargo, está por verse si el consenso abarca a todos los sectores de la coalición gobernante, dada la experiencia posterior a las PASO, donde la vicepresidenta Cristina Kirchner denunció el ajuste fiscal llevado adelante por el ministro de economía durante este 2021.

Tal vez la mejora electoral respecto a las primarias cohesione a la interna oficialista. Pero sería llamativo que la política fiscal se modifique radicalmente, cuando se avanza hacia la recta final de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En este sentido, es sabido que el “sendero fiscal” y la evolución de la brecha cambiaria serán los temas principales sobre la mesa de negociación.

Nuevamente, nos encontramos frente a una contradicción entre el discurso oficial y los hechos. Pese a la austeridad fiscal de su gestión durante este año, Fernández adelantó que buscará un nuevo programa con el Fondo “sin renunciar a los principios de crecimiento económico e inclusión social”. Cerrar un nuevo programa con el FMI que no implique un ajuste sería todo un hito internacional: el organismo nunca lo permitió en sus 75 años de historia.