La iniciativa establece que los funcionarios deberán garantizar presupuestos equilibrados o superavitarios y prohíbe gastos no autorizados.

El Ejecutivo enviará al Congreso la ley que penaliza incumplir el déficit cero
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Trabajadores despedidos de PepsiCo se movilizarán el martes 11 de julio desde las 9 de la mañana hasta los Tribunales de San Isidro en rechazo a una solicitud de la empresa para desalojar la fábrica que cerraron en el barrio de Florida y que actualmente está tomada por los operarios.
Los empleados protestarán contra la jueza Andrea Rodríguez Mentasty, del Juzgado 3 de Garantías, por no haber otorgado"las mínimas garantías de que no llevará adelante" el reclamo de la compañía.
Para Rodríguez, uno de los empleados despedidos, "la jueza no debería seguir con el caso y mucho menos ejecutar una orden de desalojo en estas circunstancias".
"El pedido de desalojo solicitado por la patronal se basa en un supuesto peligro de contaminación que la planta tendría, es decir, que la empresa aduce su propia infracción a la ley al mantener una planta supuestamente contaminante para justificar el uso de la fuerza contra los trabajadores", expresaron los delegados de la fábrica, concejales de Vicente López, referentes de los partidos de izquierda y del Partido Obrero a través de un comunicado.
Los empleados presentaron una denuncia contra la empresa por el cierre de la fábrica y exigen que antes de un desalojo se resuelva el caso. A su vez, acusan a PepsiCo de "haber incurrido en el delito de lock out" por tomar esa decisión "previo a la apertura del Procedimiento Preventivo de Crisis".
La iniciativa establece que los funcionarios deberán garantizar presupuestos equilibrados o superavitarios y prohíbe gastos no autorizados.
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