Durante una rueda de prensa en la que no se admitieron preguntas, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Cristina Choque, comunicó la habilitación sobre las candidaturas para los comicios del año próximo, entre las cuales destaca el caso del actual presidente Evo Morales.

Ayer por la noche y con fallo dividido, el TSE dispuso una nueva candidatura del presidente y líder del Movimiento al Socialismo (MAS), partido que gobierna el país desde enero de 2006.

Como antesala a este pronunciamiento, destaca el referéndum que tuviera lugar el 21 de febrero de 2016 cuando la ciudadanía rechazó una nueva candidatura. Por aquel entonces, el “NO” obtenía el 51,3% frente al 48,7% que lograba el "Sí".

¿Por qué la decisión es controvertida?

Las transformaciones que ha significado la llegada de Evo Morales al poder son plenas y dentro de las mismas se encuentra por caso la sanción de una nueva Constitución que tuviera lugar el 25 de enero de 2009 donde con más del 60% de apoyos donde se refundó, entonces, un nuevo estado boliviano, el Estado Plurinacional de Bolivia.

Dicha transición constitucional estableció la posibilidad de la reelección presidencial para dos mandatos continuos de cinco años cada uno, lo cual le permitió a Evo buscar y alcanzar la reelección en 2010 y luego en 2014.

Alcanzados los plazos dispuestos en la nueva Constitución, Evo buscó lograr un apoyo desde la ciudadanía para obtener una prolongación de su mandato. No obstante, el rechazo anteriormente mencionado llevó al ex líder cocacolero a perseguir vías alternas. 

Ante una oposición altamente fragmentada, el fallo de estas últimas horas imprime un nuevo capítulo en una sociedad donde la figura del presidente y su continuidad en el poder polariza la vida política del país como nunca antes. 

Tomando los años de asunción y el actual como contrapuntos en la presidencia de Evo, podemos observar que (según datos del Banco Mundial y la Asamblea Legislativa), el analfabetismo se redujo del 13% al 2,4%; la esperanza de vida ascendió de los 64 a 69 años y la participación de las mujeres (titulares) en el plano legislativo pasó del 13,85% al 52,40%.