Un ex secretario penal de un juzgado federal correntino fue procesado y embargado por dos millones de pesos, acusado de haber realizado escuchas ilegales a su pareja y al ex novio de ella, mientras que en la misma causa el ex juez federal Carlos Soto Dávila recibió la falta de mérito.

La resolución fue dictada por el juez federal 2 de Corrientes, Juan Carlos Vallejos, quien procesó sin prisión preventiva al ex secretario Pablo Molina por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica y amenazas en detrimento de su pareja y el ex novio de la mujer.

Ahora, los fiscales federales de Corrientes Carlos Schaefer y Flavio Ferrini, y el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, analizan la medida para apelarla.

Es que el 9 de septiembre pasado los fiscales solicitaron formalmente el procesamiento de Soto Dávila y Molina, tras detectar que a pedido del ex secretario del juzgado federal 1 de Corrientes el magistrado ordenó que se realicen intervenciones a los teléfonos de la pareja y el ex novio de la mujer, pero introduciendo sus números en las actuaciones de una causa por narcotráfico.

El caso fue detectado en marzo pasado tras encontrar 28 discos con las escuchas telefónicas, 14 de las cuales corresponden a diálogos del ex novio de la pareja de Molina y de la mujer.

Las intervenciones, solicitadas a partir del 11 de septiembre de 2014, fueron realizadas por la Gendarmería Nacional con el pedido explícito de Molina de no ser analizadas, ya que se transcribirían en el juzgado federal correntino, a donde llegaron en marzo de 2016.

Allí permanecieron hasta principios de este año en un cajón del escritorio que utilizaba Molina en la Secretaría Penal 2 federal hasta que fue suspendido por su procesamiento en una causa de supuesto cohecho a partir de presuntas coimas cobradas a narcotraficantes del Operativo Sapucay para aliviar su situación judicial.

El hallazgo de los CD con las escuchas se produjo en el marco del análisis de los elementos reunidos en un expediente diligenciado por Soto Dávila, en el que se investigaba a una banda narcocriminal que operaba en Buenos Aires y Mendoza.

En su solicitud al juez Vallejos, los fiscales determinaron que "en la época en que se llevaban a cabo las intervenciones aquí analizadas, existía una causa abierta contra Molina, iniciada a partir de una denuncia formulada por la propia mujer como consecuencia de esta situación de maltrato".

Asimismo, en su declaración como testigo, el hombre que fue víctima del seguimiento ilegal declaró: "Yo me daba cuenta de que entraban a mi departamento. Una vez por ejemplo encontré una tijera verde que nunca en mi vida compré. No tengo ninguna duda de que había personas que ingresaban a mi domicilio y sospeché que me escuchaban el teléfono y que me seguían".