El aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado en Argentina el 20 de marzo visibilizó y profundizó muchas de las desigualdades que atravesaba el país. Una de ellas, la falta de conectividad a uno de los servicios que hoy en día se debate si debería ser considerado dentro del grupo de los esenciales: Internet.

El consumo global  de Internet durante la pandemia subió entre un 45% y un 50%, y Argentina no fue la excepción. La suspensión de las clases presenciales y el traslado a aulas digitales, el teletrabajo y el consumo de contenido multimedia expuso las carencias de la red.

Todas las provincias vienen creciendo en sus niveles de penetración y algunas de ellas con mayor velocidad, especialmente aquellas que parten de estándares muy bajos respecto de la media del país. A pesar de ese crecimiento, los resultados siguen dando cuenta de una importante disparidad en los niveles de penetración, en el que se destaca que mientras la Ciudad de Buenos Aires tiene más conexiones que hogares, aún hay 11 provincias con niveles de penetración por debajo del 50% y 8 de ellas por debajo del 40%. 

Marcelo De Ambrosio, presidente de la Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet (CAPPI), sostiene que “el único camino para dar mejor calidad es la fibra óptica. Y ahí empiezan los problemas de no poder instalarla”.  

Las fibras ópticas se usan como un medio para transmitir luz entre dos puntos y tienen un amplio uso en las comunicaciones, donde permiten la transmisión en distancias y en un ancho de banda más grandes que los cables eléctricos. Hoy en día, sólo el 12% de los usuarios del país cuentan con este tipo de conexión.

“Los cables más importantes van de Buenos Aires a Rosario, Córdoba, San Luis, Mendoza y salen al Pacífico. Y por el Sur, conectan Bahía Blanca, Neuquén y también al Pacífico. El resto del territorio, está cubierto por empresas más chicas por donde no pasan tantos cables de fibra óptica”, explica De Ambrosio.

Sin embargo, una vez que el cable de fibra óptica finalmente llega a una ciudad, se necesita distribuir esa alta capacidad directamente a los usuarios. Y eso es lo que se conoce como el problema de “la última milla”.

De Ambrosio dice que “son los mismos problemas que hace 30 vivieron los cableros, y ahora lo sufren los que intentan pasar fibra óptica. Todo depende de la ciudad, de los dirigentes de la ciudad, de los dueños de los postes, de la empresa eléctrica, etc. que autoricen o no el tendido”.

Y pone un ejemplo muy concreto: en la Provincia de Buenos Aires hay municipios que tienen concesionado el uso de los postes para telecomunicaciones a una empresa. Y esa empresa es la que decide si se autoriza o no el tendido de la fibra óptica. Si, además, esa empresa entiende que quien lo quiere instalar es una potencial competencia, es más difícil todavía o lo cotiza muy caro para que resulte prácticamente imposible hacerlo.

El presidente de CAPPI resalta que muchas veces “esto produce que solo una empresa en una ciudad sea la proveedora de fibra. Pero la comunidad necesita competencia. Porque por más bueno sea el que esté en esa ciudad, si le pasa algo, la gente tiene que tener otra alternativa”. Además explica que “los postes son el camino más real para hacer el tendido, porque el soterramiento es mucho más complejo. No es una opción”.

Un ejemplo que representa empíricamente los conflictos que atraviesa la conectividad en Argentina es la provincia de Mendoza: a pesar de ser una de las jurisdicciones que más aportan al PBI del país, cuenta con una penetración de Internet fijo del 33% de los hogares cuando a nivel nacional el promedio es del 63%. Así se posiciona entre las peores detrás de San Juan (32%) y Formosa (30%).

Además, la calidad de conectividad también es muy baja. Mientras Argentina registra una conexión de descarga promedio de 25Mb, Mendoza cuenta con 8Mb.

Desde CAPPI entienden que para solucionar este conflicto se necesita fomentar la competencia entre las proveedoras de fibra óptica en todo el país, ya que aportaría calidad, diversificación y precios competitivos para el usuario. 

Un camino posible podria ser el implementar una regulación legislativa a nivel nacional que no deje en manos de cada una de las jurisdicciones o empresas que concesionan los únicos medios disponibles para realizar los tendidos de fibra óptica.

Sin embargo, esta solución todavía pareciera utópica en un país atravesado por distintos niveles de intereses comerciales que dificultan una ágil promoción de esas normativas. Hoy en día, la posibilidad de generar un impacto real está en manos de los representantes de cada uno de los gobiernos municipales que son quienes tienen la potestad de favorecer el acceso, la calidad y la competencia del servicio de Internet en sus propios distritos y son en definitiva quienes pueden actuar de forma directa sobre el espacio público.

El desarrollo de la fibra óptica en el país es un hecho que beneficiaría a usuarios, empresas y gobiernos. Implementar un plan de acción urgente es una necesidad que la pandemia aceleró y puede ser la oportunidad perfecta para hacerlo.