En la Argentina, el proyecto impulsado por el oficialismo finalmente llamado “Aporte Solidario y Extraordinario”, volvió a poner en agenda al debate. Pero, ¿qué está pasando en el resto del mundo?

Con mayor o menor intensidad y sobre un sector u otro de la sociedad, los gobiernos de todo el mundo están buscando alternativas para afrontar los desastres económicos causados por la pandemia del Coronavirus.

Pero, ¿qué está pasando en el resto del mundo?; ¿cuáles son los argumentos de quienes promueven o rechazan estas medidas? y ¿qué tan cierto es que esta crisis finalmente, la manejan los Estados?

Tras algunos vaivenes, más políticos que económicos, finalmente el 28 de agosto ingresó en la Cámara de Diputados de la Argentina el proyecto de ley por un “Aporte Solidario y Extraordinario”, tomando inicio sobre la jornada de ayer el debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. 

Desde el documento en cuestión se aclara que no se trata de un impuesto sino de la creación, con carácter de emergencia y por única vez, de un aporte extraordinario sobre los bienes registrados al 31 de diciembre de 2019 que en caso de no sufrir modificaciones gravará con una alícuota de entre un 2% y 3,5% a quienes tengan un patrimonio de 200 millones de pesos.

Con esto el Estado estima poder recaudar cerca de 300.000 millones de pesos para redistribuir en el desarrollo de distintas políticas económicas que la pandemia alteró. Específicamente en cinco grandes ejes: Compra y elaboración de equipamiento médico; subsidios a micro, pequeñas y medianas empresas; becas Progresar; recursos para habitantes de barrios populares y programas de YPF orientados al mercado del gas natural.

La “Gran reclusión”

Si bien las estimaciones van cambiando, al momento de pronosticar el mundo que dejará lo que el FMI llamó la “Gran Reclusión”, todos coinciden en señalar el carácter histórico de este escenario presente, pero también futuro. 

Es en este sentido que según las previsiones para junio hechas por el Banco Mundial se espera que la economía caiga en un 5,2%, siendo la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial y la primera vez desde 1870 en que tantas economías experimentarían en simultáneo una disminución del producto per cápita.

Indicadores como el desempleo masivo en los Estados Unidos, el precio del barril de petróleo increíblemente cayendo a niveles negativos o el desplome del turismo son algunas de la inmensa cantidad de variables que retratan este fenómeno.

El mundo tuvo y tiene que enfrentar una crisis inédita donde los sistemas tributarios son y serán fundamentales para buscar ayudar a aliviar la crisis económico – financiera, teniendo en esto a los Estados como un actor que en muchos casos vuelve al centro de la escena.

Gobiernos de diferentes signo político respondieron a la pandemia con un gasto público enorme, dando lugar a pagos en efectivo distribuidos en diferentes sectores de la sociedad, llegando incluso, en muchos casos, al rescate de empresas y sectores de la industria privada

Pero lógicamente, como en cualquier crisis, los segmentos más pobres y vulnerables de la población siempre se ven más afectados. Las finanzas de los países en desarrollo, con una considerable parte de su economía informal, se ven perjudicadas por medidas drásticas pero muy necesarias para proteger la salud de las personas.

Quizás en parte con este antecedente es que tanto un medio como el Financial Times, así como organismos financieros admitieron la necesidad de que los Gobiernos realicen reformas radicales y adopten un rol más activo en la vida económica.

El FMI por caso habló desde su Departamento de Asuntos Fiscales de la necesidad de asegurar los ingresos, promover la solidaridad y considerar aumentar las tasas más altas del impuesto a las ganancias o de la riqueza, lo que podría lograrse a través de un "Recargo solidario".

América Latina y el impuesto a las grandes fortunas

En Latinoamérica tenemos un primer gran indicador para considerar y es que somos la región con la peor redistribución del ingreso en todo el planeta algo que, en plena pandemia, no pasa inadvertido. 

Esta desigualdad y concentración la resalta la ONU marcando además que cerca del 55% de la población activa integra la economía informal de la región y que hasta 52 millones de personas podrían caer en la pobreza como consecuencia de la pandemia y su impacto.

Osea que teniendo en cuenta la inevitable caída de las economías latinoamericanas, se estima que también lo va a hacer la recaudación vinculada a los ingresos y a la actividad productiva, algo que para algunos espacios políticos plantea entonces la necesidad de ir hacia un tributo a las grandes fortunas.

Sin embargo, al menos de momento, de las tres economías más grandes de Latinoamérica la única que parece decidida a poner en marcha este proyecto es la Argentina.

En Brasil Paulo Guedes, el diputado del PT, no el ministro de Bolsonaro, presentó una propuesta de enmienda a la Constitución que de hecho prevé un impuesto en este sentido, aunque nunca fue regulado. No obstante, esto pasó en abril y al menos de momento, si bien hubo otros tres proyectos similares en el Congreso, no se avanzó en ninguna iniciativa.

Menos en México donde más allá de pronunciamientos e informes como el presentado por el subsecretario para América Latina y el Caribe, no se registran propuestas legislativas sólidas.

El resto de la región no permanece ajena a esta idea. De Ecuador a Chile, pasando por Paraguay y Colombia se ponderan proyectos que al menos por ahora tienen más fuerza discursiva que política.

Incluso el candidato a Presidente por el MAS en Bolivia, Luis Arce Catacora, presentó desde su plataforma un programa político llamado “Primero la Vida” donde propone un impuesto a las grandes fortunas.

El caso de Europa

La realidad desde el viejo continente no es muy diferente a lo que venimos viendo. Si bien la idea de una reorientación fiscal tuvo mayor atención en los meses más crudos de la primera ola de contagios, las alternativas no prosperaron demasiado, además de que se trata de un continente donde incluso el impuesto sobre el patrimonio fue progresivamente eliminado en varios países.

La “tasa Covid” propuesta en Italia por parte del Partido Democrático es una de las pocas ideas presentes y de momento bastante relegada. Está también el caso de España donde Podemos, la fuerza que lidera el Vicepresidente Segundo del Reino, Pablo Iglesias, llamó a algo así como el patriotismo fiscal.

Pero de nuevo, en función del impacto legislativo monitoreado, al menos de momento la iniciativa no parece estar en agenda en tanto que si bien todavía no se terminan por conocer los detalles, del acuerdo para la Recuperación Económica que alcanzó la Unión Europea, este impuesto tampoco estuvo muy presente. 

De momento, lo único común en todo este escenario tan complejo y todavía por definirse es que la pandemia puso de rodillas a la economía en todo el mundo llevando a los Estados a un aumento exponencial de su presencia, así como del gasto público.

En esto los impuestos tienen y van a tener un papel protagónico para ayudar a mantener el acceso a los bienes y servicios básicos con medidas que operen por mucho tiempo a modo de salvavidas sobre todo en los sectores más vulnerables. 

Es esa desigualdad el principal argumento para quienes ven en el impuesto a las grandes fortunas una herramienta con la cual intentar compensar un campo de juego por demás desigual.