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Diego Luciani dijo que se enteró del pedido de la Corte por los "medios de comunicación". Y solicitará "la devolución de las actuaciones con antelación suficiente" para que la ex presidenta sea juzgada en la fecha prevista.

Diego Luciani, el fiscal del primer juicio oral previsto contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, solicitó al tribunal que arbitre los medios para que comience el juicio el próximo martes, más allá del pedido de todo lo actuado en la investigación que hizo ayer la Corte Suprema de Justicia.
"La mera interposición de un recurso de queja ante la Corte Suprema no suspende el trámite del proceso y, por tal razón, corresponde adoptar medidas a los efectos de asegurar que el 21 de mayo se pueda dar inicio a la audiencia de debate en la presente causa", argumentó el fiscal general ante los tribunales orales en lo criminal federal.
Luciani se refirió así a la notificación de la Corte formulada ayer al tribunal: "Por disposición del Tribunal (Corte Suprema), solicítense los autos principales con carácter de urgente", con la firma del secretario Penal del máximo tribunal, Fernando Arnedo.
En su pedido, el fiscal consigna que conoció el pedido de la Corte por "medios de comunicación" y dijo desconocer en el marco de qué recurso o causa los ministros solicitan los autos sobre los que él viene trabajando en la acusación a la ex presidente en las llamadas causas "Hotesur" y "Los Sauces".
El fiscal citó jurisprudencia de la Corte de 1942, que señala que "la sola interposición del recurso de queja no tiene efecto suspensivo", aunque aclaró en su escrito que pueda haber salvedades cuando existan "circunstancias excepcionales que hagan indispensable la suspensión de los trámites ante los jueces de la causa".
Al pedido de Luciani se suma otro similar, presentado por la Oficina Anticorrupción en un escrito dirigido al Tribunal Oral Federal N°2. El organismo que encabeza Laura Alonso sostuvo que "una nueva postergación del inicio del juicio de un gravísimo caso de corrupción administrativa como el que aquí se ventila rayaría con un injustificado incumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino de proceder al efectivo juzgamiento y dictado de fallo en casos de corrupción".

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