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El vicepresidente de la UIA y presidente de la Copal se refirió a las medidas del Gobierno

Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), se refirió este martes en declaraciones radiales a la necesidad de un seguro de desempleo "que proteja al trabajador pero no ahogue y lleve a la quiebra a las empresas".
Sus definiciones se dan en el marco de la prórroga por 60 días en la prohibición para las empresas de realizar despidos sin justa causa o bajo el pretexto de fuerza mayor decretada por el Gobierno, una medida tomada para contrarrestar los efectos económicos de la pandemia del coronavirus.
En este sentido, Funes de Rioja se preguntó "qué puede hacer un empresario que no puede abrir o no tiene clientes, y que tieen que afrontar todas las obligaciones laborales".
"Hace tiempo que vengo diciendo que la Argentina tiene que tener seguro de desempleo. Desde 2001 estamos con emergencia económica y de empleo la mayoría de los años", aseguró el referente empresarial en diálogo con El Destape Radio. "Cuando no hay una red de contención, qué puede hacer un empresario que no puede abrir o no tiene clientes y tiene que afrontar todas las obligaciones laborales, no puede despedir ni suspender", completó, diferenciándose del decreto gubernamental.
En ese sentido, consideró que "hay que buscar soluciones estructurales para la Argentina, tenemos que tener instrumentos que protejan al trabajador pero que no ahoguen, que no lleven a la quiebra a las empresas".
Al ser consultado sobre la reducción salarial acordada para empleados suspendidos, dijo que "no es que se le está sacando salario" a los trabajadores sino que se trata de una medida "para protegerlo en un sistema incompleto, que le falta la seguridad social". Por otra parte, el empresario proyectó que "hay muchas actividades que van a tardar mucho en recuperarse" tras la pandemia de coronavirus.
Consultado sobre el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), señaló que "el programa tiene una reglamentación muy estricta y para empresas de más de 800 personas hay un comité integrado por ministros que hacen la evaluación", con lo cual -agregó- "no le están regalando nada a nadie". "En los países centrales industrializados este soporte o ayuda lo reciben desde los directivos de Lufthansa hasta la última persona", concluyó.

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