El senador Renan Calheiros inició en el día de hoy la lectura del crucial informe de más de 1.100 páginas de la comisión de investigación del Senado de Brasil que acusa de al menos nueve delitos, entre ellos crimen contra la humanidad, al presidente Jair Bolsonaro por su actuación en la pandemia en el país.

En un país donde la pandemia de Covid-19 ha dejado más de 600.000 muertos, las acusaciones aparecen en un informe que efectivamente culpa a las políticas de Bolsonaro por la muerte de más de 300.000 brasileños, la mitad de la cifra de muertes registradas, instando a las autoridades brasileñas a encarcelar al presidente.

Los cargos del denominado informe de Calheiros van a ser votados el próximo 26 de octubre por la comisión para luego ser elevados a la Fiscalía General, la Corte Suprema y el Tribunal de Cuentas.

Sobre el total de los 68 acusados figuran los tres hijos del presidente que ocupan cargos públicos, así como los salientes ministros de Defensa, Walter Braga Netto, y el de Salud, Marcelo Queiroga.

El informe plantea que existió un “deliberado atraso” en la compra de vacunas, al tiempo que “se comprobó la existencia de un gabinete paralelo, la intención de inmunizar la población mediante el contagio natural, se dio prioridad a un tratamiento precoz sin amparo científico y se desestimularon las medidas no farmacológicas”, como el distanciamiento social y el uso de mascarilla.

Vale recordar que la comisión en cuestión del Senado fue creada en el mes de abril para investigar las denuncias de que el manejo de la pandemia por Bolsonaro ha causado el impactante número de muertes que registra la primera economía latinoamericana. 

Ahora, la comisión deberá aprobar el documento antes de que sea enviado al procurador general, quien será el responsable de decidir si se lleva adelante la investigación y eventualmente se presentan cargos. 

Si finalmente Bolsonaro es acusado formalmente, será suspendido de su cargo como presidente por 180 días, mientras el Supremo Tribunal decide el futuro del mandatario.

En caso de ser condenado, se le prohibiría postular a la presidencia durante ocho años y probablemente enfrentaría años de prisión.