La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.

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Juan Carlos Morán, uno de los denunciantes contra Julio De Vido por la causa de Río Turbio que investiga defraudación al Estado por la compra de buques con gas licuado, habló sobre la posibilidad de que el ex funcionario se quede sin fueros y así pueda quedar arrestado.
"Es un día importante, un día que significa un acto de justicia. Creo que en estos 30 años de democracia, después del juicio a las juntas, es uno de los días más importantes en términos de justicia", afirmó el denunciante.
El denunciante, explicó que "De Vido fue el cajero de cientos de obras con sobrecostos. Los sobreprecios en las obras de De Vido, de Cristina, López, Jaime, son las obras que le faltan a los argentinos hoy".
"No solamente tienen que ir a prisión. Tienen que devolver la plata. La justicia tiene que articular los medios para que esa plata vuelva a las obras públicas".
En relación al dinero de los sobreprecios por el que se lo acusa al exministro de Planificación del kirchnerismo, el denunciante sostuvo: "Quizás la plata estará en los testaferros, en el patrimonio declarado y no declarado de distintos funcionarios. Tiene que ser parte de la investigación de los jueces. Este proceso demoró mucho tiempo y eso hizo que las consecuencias sean más dañinas para los argentinos".
"De Vido manejó 740 millones de pesos en los 12 años de gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner".
"Cada obra que investigamos tenía sobre costos del 10, 15 o 20 por ciento. Si calculamos solamente el 10% de ese manejo, equivale a 1400 hospitales, 3000 jardines, un año de jubilaciones para 1 millón de jubialdos", amplió Morán.
Por último, el denunciante hizo referencia a la falta de acción de la justicia durante el gobierno kirchnerista. "La justicia tuvo todas las pruebas y parecía que durante el kirchenirsmo había una especie de cepo judicial que fue liberado a partir de la presidencia de Mauricio Macri, donde la justicia actúa independientemente y las causas contra la corrupción avanzan".
La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.
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