En el marco de las sesiones extraordinarias que se desarrollan hasta el 30 de diciembre, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso un proyecto para modificar la normativa de Protección de Glaciares. La iniciativa apunta a redefinir el marco legal vigente y a establecer criterios de aplicación que, según el planteo oficial, permitan ordenar la regulación ambiental en consonancia con la Constitución Nacional y con un esquema de federalismo ambiental.

Desde el Gobierno sostuvieron que, a más de quince años de la sanción de la ley actual, su aplicación derivó en conflictos y controversias. En el comunicado difundido se afirmó que “la mal llamada ‘Ley de Glaciares’ demostró graves falencias interpretativas que generaron inseguridad jurídica, paralizaron inversiones productivas y afectaron el legítimo ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales”. En ese sentido, el proyecto propone reglas precisas para evitar interpretaciones dispares en los distintos niveles del Estado.

La reforma plantea un esquema que distingue a los glaciares con función hídrica efectiva como eje central de la protección, al tiempo que refuerza los estándares ambientales existentes. En ese marco, el texto oficial señala que se busca eliminar la discrecionalidad que, según el Ejecutivo, “bajo pretextos ideológicos, obstaculizó el desarrollo económico del país”. A la vez, el proyecto reafirma los principios establecidos en el artículo 41 de la Constitución Nacional, referido a la protección ambiental compatible con el desarrollo humano, y en el artículo 124, que reconoce a las provincias el dominio originario de sus recursos naturales.

Otro de los puntos destacados es el fortalecimiento del rol de las autoridades provinciales en los procesos de evaluación de impacto ambiental. La iniciativa reconoce su capacidad técnica y científica y promueve una articulación con el Inventario Nacional de Glaciares. En el documento oficial, la propuesta es definida como “una verdadera reforma de federalismo ambiental” y se la vincula con los compromisos asumidos en el Pacto de Mayo.

El proyecto también se enmarca, según el Gobierno, en la línea de gestión impulsada por el presidente Javier Milei desde el inicio de su mandato, orientada a “terminar con la parálisis regulatoria, ordenar el Estado, respetar la Constitución y liberar las fuerzas productivas de la Argentina”. Además, responde a pedidos formulados por las provincias que integran la Mesa del Litio —Catamarca, Jujuy y Salta— y la Mesa del Cobre —Mendoza y San Juan—, que reclamaron avanzar hacia un modelo federal considerado sostenible en el tiempo.

Finalmente, el Poder Ejecutivo solicitó al Congreso que otorgue un tratamiento ágil a la iniciativa y que, durante el proceso legislativo, se garantice la participación ciudadana. Según el planteo oficial, la reforma busca dar respuesta a una normativa que durante más de una década generó incertidumbre jurídica y condicionó el aprovechamiento de los recursos naturales en las provincias cordilleranas.