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En la mañana de este domingo la fiscal ante la Cámara de Apelaciones de la Ciudad, Karina Cichero, resolvió a favor del pedido de dos organizaciones no gubernamentales para mantener las escuelas abiertas pese al decreto del Gobierno que prohíbe el dictado de clases presenciales en la Capital Federal. Los amparos habían sido presentados por un grupo de docentes nucleados en la ONG Abramos las Escuelas y el espacio Centro de Estudios de Políticas Públicas.
Estas dos organizaciones interpusieron dos recursos amparos donde pidieron la nulidad de los alcances del DNU de Fernández, respecto a la suspensión por 15 días de las clases presenciales, al considerar que era fundamental priorizarlas. Luego, la Sala IV de Apelaciones porteña pidió la opinión de los fiscales y, finalmente, decidió resolver a favor de mantener las clases presenciales. De esta forma, el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta está obligado a mantener las escuelas abiertas a partir del lunes. La decisión alcanza a 2359 unidades educativas que agrupan a una población de 600.000 alumnos.
El Gobierno no forma parte del expediente, por lo que no podrá apelar la decisión del tribunal. Solo pueden hacerlo las partes que forman parte de la causa y no es el caso del Ejecutivo nacional. Es decir, la medida se hará efectiva a partir de mañana y los chicos podrán retomar las clases presenciales.
El conflicto comenzó tras el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido por el Poder Ejecutivo de la Nación que estableció la obligatoriedad de la educación virtual hasta el 30 de abril, como parte de una serie de restricciones para contener el impacto de la segunda ola de coronavirus en la Argentina.
Además de estos planteos en contra por parte de la ONG "Abramos las Escuelas" y la fundación Centro de Estudios en Políticas Públicas (CEPP). El viernes, la Ciudad de Buenos Aires presentó ante la Corte Suprema un amparo judicial para que se declare inconstitucional el DNU que suspendió por 15 días las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La administración a cargo de Larreta pidió que se le ordene al Estado Nacional que "se abstenga, hasta el dictado de la sentencia definitiva y firme, de llevar a cabo cualquier acto que implique poner en ejecución el Decreto cuestionado". Consideró, entre otras cuestiones, que el decreto viola la autonomía de la Capital e implica una "virtual intervención federal porque se arroga potestades sobre competencias eminentemente locales, en salud y educación".
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