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A pesar de que la última dictadura cívico-militar concluyó hace 42 años, los fallos que remiten a ella continúan reproduciéndose.
En este caso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió rechazar el fallo que ratificaba la absolución de dos militares acusados de fusilar a tres presos políticos que mantenían cautivos en Córdoba, en el invierno de 1976.
Se trata de Víctor Pino Cano, de 86 años, y Osvaldo César Quiroga, de 72, quienes, en 2010, fueron juzgados junto al dictador Jorge Rafael Videla y el represor Luciano Benjamín Menéndez.
Ambos habían sido beneficiados con la absolución en primera y segunda iinstancia, rechazada ahora por el máximo tribunal argentino.
Con los votos a favor de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti, y el voto en disidencia del cordobés Juan Carlos Maqueda, la Corte resolvió –el pasado martes 10 de abril– "declarar procedentes los recursos extraordinarios interpuestos por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal y por la querella, y dejar sin efecto la sentencia en cuanto confirmó las absoluciones de Víctor Pino Cano y Osvaldo César Quiroga en relación a los homicidios de Miguel Hugo Vaca Narvaja, Gustavo Adolfo De Breuil y Arnaldo Higinio Toranzo.
Asimismo, en el fallo se establece que "por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo aquí decidido". Se trata de una decisión inédita en juicios por crímenes de lesa humanidad.
Por su parte, el fiscal Maximiliano Hairabedián anticipó al diario Página 12 cómo continuará la situación judicial, revelando que "no se hará un nuevo juicio" y que, a partir de la decisión de la Corte, "una sentencia condenatoria podrá ser dictada por un Tribunal Oral o por una sala de la Cámara de Casación".
En tanto, Raquel Altamira, viuda de Miguel Hugo Vaca Narvaja (h), declaró: "Estoy muy contenta. En este contexto que estamos viviendo no me lo esperaba. Pasaron siete años desde esa tarde terrible. De ese mazazo para mi familia y las de los compañeros de muerte de mi marido".
Narvaja (h) fue fusilado a los 35 años junto a Gustavo Adolfo de Breuil, de 23, y Arnaldo Higinio Toranzo, de sólo 19.
La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.
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