La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.

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Las fuerzas de seguridad venezolanas han "maltratado" y "torturado" de forma "generalizada y sistemática" a manifestantes y detenidos, denunció hoy la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
"Hemos recibido informes creíbles de trato cruel inhumano y degradante por parte de las fuerzas de seguridad a los detenidos, que podrían ser definidos en varios casos como tortura", afirmó la portavoz de la Oficina, Ravina Shamdasani, en rueda de prensa al agregar que "estos no fueron casos aislados".
Además, denunció que la destitución de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, es una muestra más de la ruptura del estado de derecho en el país.
"La destitución de la fiscal general está en la línea de lo que hemos estado denunciando, que el estado de derecho en el país se ha roto y la fractura se está ahondando", afirmó en una rueda de prensa la portavoz de la Oficina, Ravina Shamdasani.
La Oficina de la Fiscal General investigaba también al menos 1.958 casos de heridos, aunque el número real de personas que han sufrido lesiones podrían ser mucho mayor.
La portavoz denunció que de la información compilada se desprende que los colectivos armados, montados en motocicletas, suelen atacar y acosar a los manifestantes."En determinados casos también les disparan con armas de fuego", puntualizó.
Asimismo, Shamdasani denunció que a pesar de no disponer de estadísticas oficiales sobre el número de detenciones, los cálculos más fidedignos indican que desde el 1 de abril, cuando comenzaron las manifestaciones, hasta el 31 de julio, más de 5.051 personas sufrieron detención arbitraria.
Hace unos días, Naciones Unidas había pedido a las autoridades de Venezuela que respeten el derecho de sus ciudadanos a la libertad de expresión, asamblea y manifestación pacífica.
La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.
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