La firma, con sede en Rosario, no pudo justificar movimientos de productos sensibles ni presentó la documentación requerida por la normativa vigente.

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El Consejo Directivo de esa Unidad Académica resolvió aceptar una propuesta del reciente Instituto de Educación Sexualidad y Derechos para admitir el uso del lenguaje no sexista.
El Consejo Directivo de la Facultad de Educación de la UNCuyo aceptó el uso del lenguaje inclusivo y no sexista para aquellas personas que se identifiquen con esa práctica cultural. También decidió solicitar que se realice una jornada de sensibilización con una propuesta de reglamentación para debatir el tema y acordar democráticamente su implementación en esa Unidad Académica.
Los consejeros respondieron así a una propuesta del flamante Instituto de Educación Sexualidad y Derechos que comenzó a funcionar en octubre. Esta iniciativa sobre el uso del lenguaje como un modo de acompañar las transformaciones socioculturales actuales se añade a la primera Facultad de la misma Universidad que ya había autorizado su uso; la de Ciencias Políticas y Sociales.
Acompañar las transformaciones de nuestra sociedad actual y garantizar derechos en temas de género y diversidad es uno de los ejes que se propuso la actual gestión de la Facultad de Educación de la UNCuyo; así, durante este año investigadores y docentes propusieron la creación del Área de Géneros y el Instituto de Educación, Sexualidad y Derechos.
Entre las fundamentaciones para admitir la utilización, Marta Abate, directora del Instituto consideró pertinente acudir a la filóloga Teresa Meana Suárez quien sostiene que: “El lenguaje, como práctica social y como medio a través del cual aprehendemos la realidad y expresamos nuestra concepción del mundo, no está exento de expresar las desigualdades estructurales y discriminatorias entre hombres, mujeres y otras identidades diversas. Es la vida social la que construye las regularidades del lenguaje que luego eleva a normas. Normas que son suceptibles de ser reinterpretadas y modificadas expresando la potencial construcción y manifestación de sujetos políticos”.
La firma, con sede en Rosario, no pudo justificar movimientos de productos sensibles ni presentó la documentación requerida por la normativa vigente.
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