La Justicia Electoral, a partir de una decisión de la jueza María Servini, dictó una medida cautelar en la que le ordenó al Gobierno Nacional abstenerse de entregar 114 mil planes sociales por $5.000 para desocupados por un presupuesto de $570 millones.

La decisión parte de un reclamo del Frente de Todos en donde denunciaban que el otorgamiento de estos planes tenía la intención de "condicionar el voto de las personas que resulten beneficiarias del subsidio".

La denuncia penal formal fue del apoderado del PJ, Jorge Landau, y dirigida contra el Ministerio de Trabajo y Producción, Dante Sica, y contra el Secretario de Empleo, Fernando Prémoli.

La medida cautelar tiene efecto hasta después de las elecciones generales del 27 de octubre.

La jueza determinó que el otorgamiento de estos planes "podría redundar en una posible vulneración de los derechos políticos de ciudadanos que sufren una injusta postergación en nuestro país, en razón de que se podría atentar contra el derecho a elegir libremente a las autoridades que deberán regir los destinos del país en los próximos años, es decir, se verían obligados a votar a cambio de mantener una ayuda social".