A Franco Nicolás Isorni lo encontraron muerto el 26 de agosto del año pasado luego de haber protagonizado una persecución policial en Santiago del Estero por salir a circular en su moto en un horario no permitido por las restricciones nocturnas dispuestas por la emergencia sanitaria.

La causa fue rotulada como "accidente de tránsito" por los fiscales Érika Leguizamón, Vanina Aguilera y Martín Silva. En cambio, la familia del joven de 23 años denuncia que Franco fue asesinado por los policías santiagueños en un caso de violencia institucional.

Patricia Isorni, madre de Franco, indicó a TN que cree que su hijo recibió un disparo en la cabeza y asegura que la investigación de su muerte presentó severas irregularidades: "Han hecho una falsa autopsia al lado del cajón, en el cementerio, un mes después de la muerte. Cuando le pregunté al fiscal Leguizamón por qué lo hacían ahí me dijo ‘Es esto o nada, lo hacemos aquí por la pandemia", contó.

La mujer que agregó que fue obligada a reconocer en ese momento el cuerpo y que empezó a notar cosas extrañas, como que a su hijo le faltaban las zapatillas y las medias, además de otros elementos personales, y que el cuerpo presentaba una herida cortante en el cuello no compatible con choque o pérdida de control de un vehículo.

El joven fue encontrado en inmediaciones de Av. Lorenzo Lugones y Av. Solís, de la ciudad de Santiago del Estero. Ahora su familia pide la intervención del poder judicial de Santiago del Estero y se contactaron con peritos externos para mostrarles fotos del cuerpo de Franco.

"Creemos que lo asesinaron en una obra en construcción", agregó la mujer por los restos de material en la sangre que pudieron percibir peritos de la querella. Entre los indicios de un presunto encubrimiento, Patricia destaca la adulteración de las cámaras de seguridad.

"Usaron la pandemia para matar con libertad. A mí hijo lo presentaron como un accidente y a cajón cerrado, tenía un disparo en la cabeza”, indicó mientras espera una nueva autopsia.

Ante la denuncia, los diputados nacionales de la CC ARI, Maximiliano Ferraro y Rubén Manzi, hicieron una presentación ante el Consejo de la Magistratura provincial contra los integrantes del Ministerio Público por mal desempeño de sus funciones.

Leguizamón y Aguilera trabajan en la Unidad Fiscal de Abuso sexual y Violencia institucional. Por eso, para los diputados la tarea de ambos fue funcional “en el encubrimiento de los asesinos de Franco”, indicó Clarín.

El caso llegó al Congreso. En mayo, la mamá de Franco expuso en Diputados y habló del “encubrimiento por parte de las fuerzas policiales de Santiago del Estero”. El documento releva decenas de casos de hechos de violencia institucional perpetrados en la provincia entre el 20 de marzo y el 17 de julio.