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En una nueva indagatoria frente a Casanello, el empresario Lázaro Báez pidió la nulidad de la indagatoria en la causa que se lo acusa de liderar una banda de lavado de dinero, habiendo manejado cerca de 60 millones de dólares por falta de pruebas en su contra.
Con un fuerte operativo de seguridad, el acusado fue trasladado con chaleco antibalas hacia el juzgado, donde fue acompañado por sus abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro y presentó un escrito de 60 carillas. Además, se negó a contestar preguntas.
En parte del texto, Lázaro Báez solicitó que se aparten los datos presentados por la Unidad de Información Financiera (UFI), de la cual es querellante, ya que solamente está basado en informes de inteligencia que no han sido corroborados en los exhortos.
En esta tercera imputación por lavado de dinero, la Cámara Federal pidió que se lo investigue por el desvío de fondos para obras públicas, en los que su empresa habría sido beneficiada durante el mandato de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
El empresario fue el último imputado en circular por las oficinas del juez Casanello. Durante las últimas semanas, se hicieron presentes los cuatro hijos de Báez, el abogado Jorge Chueco, el contador Daniel Pérez Gadín y los financistas Elaskar y Fariña.
Esta es la tercera causa en la que Báez debe responder ante la Justicia. En las anteriores, también fue acusado de lavado de dinero. En la primera de ellas por evasión impositiva y en la segunda por dinero proveniente de Suiza para comprar la financiera SGI, conocida como "La Rosadita".
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