Sigue la controversia por la prohibición del lenguaje inclusivo en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Tras el rechazo del Gobierno nacional, y en medio de la interna que desató dentro de Juntos por el Cambio la medida de la administración porteña, dirigentes de izquierda presentaron un recurso de amparo contra la Resolución.

Se trata de una presentación realizada por las referentes de izquierda Celeste Fierro y Vanesa Gagliardi, del MST en el FIT Unidad. 

"(Soledad) Acuña (ministra de Educación porteña) atrasa y discrimina. En sus siete años de gestión como ministra, desde 2015 a hoy, redujo el presupuesto educativo del 23 al 19%. Ahora también pretende reducir autoritariamente la libertad de expresión y los derechos de género reconocidos en leyes y constituciones", sostuvo Fierro.

"Frente a esta medida tan absurda y reaccionaria, que ahora quiere imponer sanciones a les docentes que no la cumplan, defendemos el derecho democrático de cada docente y estudiante de utilizar o no el lenguaje inclusivo; la caída en la comprensión de textos empezó bastante antes del mismo y por ende no mejorará porque se lo prohíba", añadió.

Uno de los argumentos que utiliza el Gobierno porteño para defender la medida es el magro desempeño en lengua y escritura que demostraron los alumnos en las últimas evaluaciones educativas realizadas por la administración que conduce Horacio Rodríguez Larreta.

Gagliardi, legisladora porteña y directiva del sindicato ADEMYS, dijo que "el retroceso en la comprensión de textos" se debe a la falta de inversión en materia educativa por parte del Gobierno porteño.

"Al deterioro social, la superpoblación de aulas, el bajo presupuesto educativo y la precarización docente se suma que, durante la pandemia, Acuña y su jefe Rodríguez Larreta no garantizaron computadoras ni conectividad", afirmó la legisladora. Y advirtió: "Si no se revierten esos problemas estructurales, prohibir en forma arbitraria el uso de la ‘e’ o la ‘equis’ sólo implica discriminar y cercenar derechos. Esta resolución no cayó bien en las escuelas, por eso nos estamos organizando junto a estudiantes y familias para rechazarla".

El amparo de Fierro y Gagliardi es patrocinado por la doctora Mariana Chiacchio, del CADHU (Centro de Abogades (SIC) por los Derechos Humanos).

La causa recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo porteño Nº 22, a cargo de la jueza María Rosa Cilurso.