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Los Servicios de Inteligencia: el punto ciego de la democracia

El anuncio de Alberto Fernández sobre la intervención de la AFI, expone los conflictos de una institución teñida de sospechas y funcional al poder de turno.

Los Servicios de Inteligencia: el punto ciego de la democracia
Servicios de Inteligencia.

La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) es el organismo superior del Sistema de Inteligencia Nacional que abarca todos los organismos que lo integran.

Funciona bajo la órbita política e institucional del Poder Ejecutivo Nacional y, oficialmente, tiene el objetivo de asesorar al Presidente y a los funcionarios de alto rango para la toma de decisiones con el fin de formular respuestas adecuadas en relación a las amenazas o riesgos que puedan afectar la seguridad exterior e interior de la Nación.

El trabajo específico de la AFI es el de la producción de inteligencia nacional y criminal referida a delitos federales graves, amparados en la Constitución Nacional y los tratados internacionales a los que suscribe Argentina.

Todas las actividades de la AFI están determinadas y limitadas por la Ley 25.520 (Ley de Inteligencia Nacional) y su modificación (Ley 27.126), la cual fue el resultado de un proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo tras la muerte del fiscal federal de la Nación Alberto Nisman.

La modificación del año 2015 no sólo fue la que disolvió la Secretaría de Inteligencia y la reemplazó por la AFI sino que fue la que permitió transferirle  la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal desde el Ministerio de Seguridad de la Nación.

El martes de 10 de diciembre, en el discurso de la asunción presidencial ante la Asamblea Legislativa, Alberto Fernández anunció “la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia”.

Los argumentos del presidente no son nuevos. En 2016, con Mauricio Macri al frente del país, Fernández disparó una fuerte crítica al decreto publicado en mayo de ese año: “Macri ha dispuesto que todo el presupuesto de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) sea secreto”.

Previo a ese decreto, la modificación que existió bajo la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, establecía una distinción entre fondos públicos y públicos reservados, amparados en que “sólo podrán mantener carácter reservado los fondos que sean necesarios para labores de inteligencia y que su publicidad pueda afectar el normal desarrollo de las mismas”.

Esa decisión, constituyó una violación a la ley vigente (artículo 19) y al compromiso del Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Sin embargo, a pesar de las leyes y los decretos que efectuaron modificaciones en los organismos de inteligencia, los “servicios” (como se los llama peyorativamente para insinuar que forman parte de operaciones poco transparentes) siempre formaron parte de la discusión política argentina.

El propio Fernández lo explicitó en su discurso: "Nunca más al Estado secreto. Nunca más a la oscuridad que quiebra la confianza. Nunca más a los sótanos de la democracia”.

El abuso por parte del Poder Ejecutivo de los espías del Estado funcionó históricamente como una herramienta extorsiva de “gobernabilidad paralela” alejada de los fundamentos democráticos.

Los protagonistas del entramado se componen por jueces, fiscales, abogados, periodistas, gremialistas y operadores del sistema judicial en función de intereses fluctuantes con el gobierno de turno (incluídas las dictaduras).

El escándalo de Marcelo D’Alessio, quien fue acusado de operar a través de los servicios de inteligencia en la causa de “las coimas de los cuadernos”, planteó la discusión pública sobre la existencia de una red de espionaje con actuales y ex agentes de inteligencia operando en coordinación con los ámbitos judicial, político, empresarial y periodístico.

La presencia de Gustavo Béliz (Secretario de Asuntos Estratégicos) en el Gabinete de Alberto Fernández tras años de “exilio público”, reflota una imagen político-mediática histórica (2004): el momento en el que, estando a cargo del Ministerio de Justicia, muestra por televisión la fotografía de Jaime Stiuso, “el jefe de los espías” , acusándolo de liderar una “SIDE paralela”.

No sólo le costó el cargo de Ministro durante la gestión de Néstor Kirchner, sino que ese gesto lo llevó a enfrentar un juicio por calumnias e injurias hacia Stiuso por el que fue absuelto por la Corte Suprema.

Desde el momento de la creación de la SIDE en 1946, bajo la presidencia de Juan Domingo Perón, fue un organismo poco transparente que esta nueva intervención buscará corregir. El tiempo determinará si lo consigue, o si será en vano.

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