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El próximo martes, el presidente Mauricio Macri presentará el anteproyecto de reformar del Código Penal y en los próximos meses el Gobierno buscará aprobarlo en el Congreso.
El Código Penal actual es de 1921, casi 100 años, por ese motivo su modificación significará un hito histórico en la historia argentina.
Los cambios que introducirá este nuevo Código serán sobre la inseguridad, economía, corrupción, violencia de género y aborto, entre otros. Algunos de los puntos que se buscará modificar son:
Aborto
En principio, se trataría de eximir de pena a la mujer que se provoque un aborto a sí misma. En caso de ser penada, sería en suspenso hasta evaluar las circunstancias que la impulsaron a hacerlo.
Cualquier mujer podrá interrumpir su embarazo si se produjo por un abuso sexual o si está en riesgo la salud de la mujer, como establece el Código Penal vigente. Es decir que si un médico realiza un aborto, la mujer no será penada si está comprometida su salud física, mental o es producto de un abuso.
Además, se pena hasta con dos años de prisión el aborto imprudente realizado por un tercero y protege a la mujer.
Armas de fuego
Aumentan las penas por tenencia y portación de armas: la pena mínima será de tres años y seis meses.
Delitos viales
Se mantienen los agravantes del actual Código Penal por homicidio imprudente. Se eleva hasta 7 años de prisión para casos en los que el conductor se escape o no intente asistir a la víctima, con un nivel de alcohol superior al permitido o bajo efectos de estupefacientes, que no respete los semáforos, que supere la velocidad máxima por más de 30 kilómetros por hora o si no estuviera habilitado para conducir.
Los organizadores de picadas serán sancionados con la misma pena que el autor del homicidio.
Soborno
Se incorpora como delito con penas de 6 meses a 4 años o multas económicas según el monto del beneficio obtenido. Se sanciona al responsable que pide dinero a cambio de relaciones comerciales.
Lavado de activos
Se mantiene la pena de 3 a 10 años de prisión. Se considera agravante si un funcionario público está involucrado con una pena mínima de 4 años y seis meses hasta 13 años y 4 meses.
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