La presentación alcanza a cinco firmas que buscan la exploración o explotación de hidrocarburos en las Islas sin autorización de la Argentina.
El Gobierno denunció a cinco petroleras por su actividad en Malvinas
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Los ministros franceses, y más en general los funcionarios cuando estén en misión oficial, deberán viajar en tren y no en avión en los trayectos que puedan hacerse en menos de cuatro horas, una forma de dar ejemplo en el terreno medioambiental y de luchar contra el cambio climático.
Esa regla será de aplicación general pero tendrá excepciones, como cuando el desplazamiento tenga un carácter urgente, explicó este miércoles la ministra de la Transición Ecológica, Elisabeth Borne, en la emisora "France Info".
Borne avanzó algunas decisiones que se van a adoptar de forma inmediata como hacer que los miembros del Gobierno deberán circular en coches oficiales eléctricos o híbridos enchufables, en lugar de los de motores térmicos.
Conforme se renueve el parque automovilístico, los ministerios comprarán únicamente coches eléctricos o híbridos enchufables.
Los 2,4 millones de funcionarios de la Administración estatal podrán beneficiarse de una disposición por la que las empresas (con carácter voluntario) bonifican con 200 euros anuales a los asalariados que van en bicicleta o coche compartido al trabajo.
Y para facilitar el uso del coche eléctrico, en los centros de la Administración central se instalarán 500 puntos de recarga adicionales para esos vehículos.
El Ejecutivo también agilizará y descentralizará los procedimientos para actuar en las áreas en riesgo de inundación por crecidas de los ríos o por la elevación del nivel del mar, que afecta potencialmente a 17 millones de habitantes.
Borne indicó que en zonas costeras urbanizadas que corren el riesgo de quedar inundadas en menos de 30 años por la subida del mar no se permitirán nuevas construcciones y se desalojarán viviendas y otros equipamientos.
En cuanto a las áreas que podrían estar amenazadas a más largo plazo, en la segunda mitad del siglo, se contempla la construcción de edificios pero solo con autorizaciones temporales de ocupación de las parcelas.
Según las estimaciones del Gobierno, hay entre 5.000 y 50.000 viviendas en Francia amenazadas por la subida del mar para finales del siglo XXI.
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