Las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) entraron en su etapa final. Pero no por voluntad del Gobierno argentino, sino por una restricción temporal objetiva. A mediados de marzo se deberán cancelar US$2.900 millones por un vencimiento de la deuda de US$44.000 millones contraída en 2018 por la administración de Mauricio Macri.  

Con el nivel de Reservas Internacionales disponibles, es imposible que el Banco Central (BCRA) pueda hacer frente al vencimiento. Las consultoras calculan que las netas se ubican alrededor de los US$3.500 millones. Con vencimientos superiores a US$5.000 millones de acá hasta marzo, Argentina no tiene los dólares que hacen falta para pagar. Si no existe un acuerdo que evite el desembolso, el país empeorará su relación con el organismo financiero. Ingresará en la categoría de atraso en sus pagos, una terminología particular del Fondo para evitar la palabra maldita: default. 

El sendero fiscal

Luego de dos años de negociaciones en secreto, el ministro de Economía decidió explicitar el estado de situación. Pese a no entrar en detalles, Guzmán advirtió en su presentación frente a los gobernadores que el problema que impide un entendimiento con el FMI es el sendero fiscal.

El eufemismo hace referencia a la velocidad que tomará el ajuste de las cuentas públicas para llegar al equilibrio. El ministro defiende una trayectoria de reducción del déficit gradual que alcanzaría el cero en 2027, un horizonte que el staff del Fondo considera inaceptable. Detrás del sendero aparece la velocidad en el recorte de la emisión monetaria requerida para financiar el desequilibrio, otro punto donde lógicamente tampoco existe acuerdo.  

"La diferencia entre lo que plantea el Fondo y el Gobierno argentino consiste en diferenciar un programa que con alta probabilidad sostendría la recuperación económica que la Argentina está viviendo; es esencialmente un programa de ajuste de gasto real versus un programa que le dé continuidad a esta recuperación fuerte a la economía", señaló Guzmán en su presentación ante gobernadores de todo el país.

Pese a que el ministro no explicitó los números que exige el organismo, se especula con que el nivel de déficit primario reclamado para este 2022 estaría en torno al 2,5%, frente a un 3% propuesto por Argentina. La cifra no estaría demasiado lejos, considerando que para el 2021 las cuentas culminarían con un rojo fiscal cercano al 3%, sobrecumpliendo la proyección original del Presupuesto 2021 del 4,5%. 

El principal escollo para continuar reduciendo el déficit en forma acelerada durante este año, en comparación con el anterior, es el carácter extraordinario del aporte de las grandes fortunas, que complementó el ajuste del gasto ejecutado por Economía con un shock de ingresos fiscales. 

Como advierte un informe reciente del IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal), el recorte no es propiedad exclusiva del actual ministro: entre 2017 y 2021 la baja del gasto público en términos reales a moneda constante fue del 7,9%. Pese al sendero de ajuste de los últimos años, el FMI se muestra inflexible y reclama una reducción más acelerada.

Las reservas
 

Aunque el Fondo impone un objetivo de política económica de superávit fiscal, la recaudación argentina es en pesos, y la deuda está denominada en dólares. En este sentido, para cancelar los pagos con el organismo (y con los acreedores privados) es necesario acumular divisas.

Como mencionamos anteriormente, el deadline de marzo existe porque el BCRA no posee los dólares necesarios para cancelar el vencimiento. A esto también se refirió Guzmán en su presentación. El ministro advirtió que, pese a que el 2021 dejará cerca de US$15.000 millones en concepto de superávit comercial, poco y nada de esa montaña de divisas logró acumularse en las reservas de la autoridad monetaria para respaldar la posición argentina. 

En el medio, la entidad dirigida por Miguel Pesce vio cómo los dólares que ingresaban por el comercio exterior se escapaban en pagos de deuda pública y privada. Además, el BCRA destinó más de US$2.500 millones para intervenir en el mercado financiero de divisas (MEP y CCL), con el objetivo de enfriar la brecha cambiaria.

De esta forma, el vacío de reservas no sólo deja expuesto al Banco Central a los vencimientos de deuda, sino también a eventos cambiarios. La autoridad monetaria tiene una posición frágil para enfrentar sucesos imprevistos como una sequía, una suba en la tasa de interés de la Reserva Federal, o la negativa a liquidar los dólares de la cosecha de trigo.

¿Para cuándo el acuerdo?

Movimientos bruscos en la plaza de cambios pueden coincidir con las exigencias del establishment, que no pierde oportunidad en señalar que un nuevo programa con el Fondo es imprescindible para que la economía siga funcionando. También puede coincidir con los reclamos de la oposición, que viene de ganar las elecciones, y presiona al oficialismo por un ajuste aún más profundo del que exige el organismo con sede en Washington.

De esta forma, el Gobierno se arriesga a que sean los actores financieros quienes den el empujón final hacia un acuerdo con el Fondo. Pese a la dureza de los controles de cambio, ya vimos en 2020 como una corrida puede hacer temblar las posiciones de divisas del BCRA. En aquel momento, el ataque contra el peso sólo pudo ser frenado con un “giro ortodoxo” del Ministerio de Economía.

El Gobierno de Alberto Fernández insiste en ubicarse a mitad de camino. Ajusta, pero a un ritmo menor del que pide el Fondo. Denuncia la intransigencia del Directorio del organismo, pero no modifica el método de negociación. Advierte sobre la inviabilidad de la deuda que tomó Macri, pero paga todos los vencimientos mientras busca reestructurarla. Critica que el destino de los fondos hayan ido a la fuga de capitales, pero no la investiga. Anuncian normativas para beneficiar a los sectores que traerían los dólares necesarios, pero los proyectos no aparecen en el parlamento.

Pese a que Guzmán se tomó dos años, cuesta encontrar algún punto a favor de Argentina en las negociaciones. No hubo extensión de plazos más allá de los 10 años, ni eliminación de sobretasas, ni un programa sin ajuste. 

Las Reservas le ponen fecha límite a las idas y vueltas del oficialismo, pero un sacudón financiero amenaza con acelerar el calendario. Eventualmente, el “giro ortodoxo” disponible para el Gobierno sería avanzar (aún más) a contrarreloj hacia un entendimiento con el Fondo que calme a los mercados. Como el oficialismo suele repetir, nada bueno puede salir acordando “en cinco minutos”.