La Cámara de Casación consideró por estas horas que el procesamiento de la diputada nacional Aída Ayala no está debidamente fundado y por tanto decidió anular el pedido de prisión preventiva solicitado por la jueza Niremperger.

El fallo, que marcó la concordancia en los tres integrantes del Tribunal, contó con la argumentación del juez Gustavo Hornos quien afirmó que "la prisión preventiva debía ser dispuesta por los jueces del proceso sólo cuando resultara imprescindible, es decir, para evitar riesgos procesales: la fuga o el entorpecimiento de la investigación".

Lo cierto es que Ayala figura como "jefa de una banda" encomendada a lavar fondos de la provincia del Chaco, durante su mandato como intendenta de Resistencia. En la causa están detenidos además tres empresarios y un gremialista, procesados bajo los cargos de enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública, en calidad de coautores, y lavado de activos.

Se trata del secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Jacinto Sampayo, y los empresarios Carlos Huidobro, Pedro Alberto Martínez y Alejandro Fischer.

El procesamiento y potencial pedido de prisión preventiva de Ayala había iniciado nuevamente en debate entre el oficialismo y la oposición sobre el pedido de desafuero de la diputada, esto es, la pérdida de la inmunidad legal de la que disponen los legisladores en ambas cámaras del Congreso de la Nación.

La alianza Cambiemos había señalado que no debía debatirse el desafuero dado que la diputada había cumplido con el llamado a indagatoria y lógicamente, tras este fallo de la Cámara Federal, plantearon que la detención sería improcedente.

A su vez, en la antesala al dictamen, Ayala sostuvo que "no corresponde que la Cámara de Diputados considere el pedido de desafuero requerido por la jueza Niremperger mientras continúe el proceso judicial", enfoque que marca un claro contrapunto con el tratamiento dado desde el oficialismo a aquellos procesados de otros cuadros políticos.