El pasado martes, Día de la Militancia, el presidente Alberto Fernández envió al Congreso el proyecto para la Interrupción Legal del Embarazo. El oficialismo además lanzó otro proyecto de forma paralela que se llama "El plan de los mil días". Se espera que el debate sea más expeditivo que durante el 2018. 

Si bien los argumentos a favor o en contra son muchos y ya, quienes están en tema, los escucharon a todos (recordemos que pasaron más de 770 personas al momento del debate previo a la votación), hay uno de ellos que en este artículo buscamos desarmar. 

"En nuestro país las mujeres no van presas por abortar", sostuvieron una y otra vez en Comisiones durante el 2018. Esa premisa que en principio parecía ser cierta, no lo es. Vale recordar el caso de "Belén", tucumana encarcelada luego de un aborto espontánea y liberada dos años después luego del repudio de los movimientos feministas. 

Pero Belén no fue ni es la única que sufrió las consecuencias de la penalización y estigmatización de esta práctica. En el libro "Dicen que tuve un bebé", de las abogadas Gloria Orrego-Hoyos, María Lina Carrera y Natalia Saralegui Ferrante, relatan la historia de siete mujeres que tuvieron abortos espontáneos o complicaciones obstétricas y que fueron encarceladas.

Muchas de ellas cumplieron su condena pero otras aún continúan presas luego de tener complicaciones cruentas, nulas herramientas y partos prematuros. En este informe Filo.news habló con las autoras del libro para tratar de entender qué sucede cuando la Justicia utiliza parámetros machistas para condenar y por qué es necesario que la interrupción del embarazo sea legal.