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"Nuevo IFE" e impuesto a la "renta inesperada": cómo revertir la desigualdad económica

Los anuncios se dan en un marco donde el poder adquisitivo de los salarios se debilita, mientras algunas grandes empresas obtienen beneficios crecientes. El debate alrededor del nuevo impuesto sobre las ganancias extraordinarias, en esta nota.

Alberto Fernández y Martín Guzmán durante los anuncios del martes.

Alberto Fernández y Martín Guzmán durante los anuncios del martes.

Por: Gonzalo Finlez

El salto inflacionario del 16,1% acumulado durante el primer trimestre llevó al gobierno a tomar medidas de emergencia. Una vez concluida la “guerra contra la inflación”, el foco ahora se ubica sobre la política de ingresos. Acompañado por Alberto Fernández, el ministro de Economía anunció un “nuevo IFE” para trabajadores informales, un bono para jubilados y una modificación impositiva para gravar la “renta inesperada” provocada por la suba en los precios internacionales de ciertas materias primas.

¿Un shock de ingresos?

Los bonos extraordinarios son el resultado del salto en el costo de vida para los sectores más desprotegidos: mientras la canasta básica total aumentó un 7% durante marzo y una familia necesita casi $90.000 para no ser pobre, los ingresos de los trabajadores no alcanzados por paritarias sufrieron un recorte en su poder adquisitivo en poco tiempo.

La pregunta es si dos pagos de $9.000 son suficientes en un contexto donde la inflación de abril difícilmente baje del 5%. El cuestionamiento se extiende hacia los asalariados formales, no alcanzados por ninguna medida. Pese a contar con las negociaciones paritarias para actualizar sus ingresos, observan como su salario se atrasa al ritmo de los aumentos salariales a destiempo y en cuotas. La muestra más clara está en la pérdida del poder adquisitivo del salario que acumula un 20% desde el 2018.

Al momento, el impulso a que las empresas otorguen bonos de emergencia a sus trabajadores parece haberse diluido luego de las reuniones con la CGT y el representante de la UIA, Funes de Rioja.

La problematización de la política de ingresos del gobierno dista de ser una cuestión exclusivamente social o del bienestar personal de quienes mejoran su salario. El deterioro del poder de compra de la población repercute directamente en la economía, y puede afectar los números alentadores que arrojan los niveles de actividad económica. 

Esto ocurre porque el consumo privado es el componente más importante del PBI. Durante 2021, su incidencia sobre el total del producto perforó el 61,9% registrado en 2002, al caer a un 61,8%. Se trata del porcentaje más bajo del siglo XXI, según CIFRA. En concreto: si los salarios compran menos cae el consumo, y si cae el consumo se desacelera el nivel de actividad, que hace frenar el crecimiento de la economía.

De dónde sale la plata 

Frente a este panorama, una pregunta obvia es cómo financiar este shock de ingresos en el marco de un programa con el FMI. Las estimaciones preliminares sobre el costo fiscal que tendrán los bonos arrojan un gasto extra por unos $200.000 millones (0,3% del PBI).

En lo inmediato, el ministerio de Economía utilizará parte del crecimiento en los ingresos del fisco durante el primer trimestre, donde sobrecumplió la meta de reducción del déficit fiscal pactada con el Fondo. El rojo fiscal acumulado en los tres primeros meses del año se ubicó entre el 0,25 y 0,3% del PBI. 

De esta forma, el gobierno utilizará los recursos más altos de lo esperados por el crecimiento real de lo recaudado por el IVA (debido a la suba de la inflación) y por los derechos de exportación (por los buenos precios internacionales), que se espera se extenderán en el tiempo. 

La “renta inesperada”

 

En el anuncio del martes Martín Guzmán adelantó que buscarán ampliar la recaudación a través de un proyecto para gravar la “renta inesperada”, que se utilizará para financiar las sumas fijas mencionadas anteriormente. Sin embargo, el proceso para ejecutar una medida que todavía no conocemos en profundidad puede llevar a que el dinero recién ingrese al fisco hacia el 2023.

El objetivo es capturar parte de las ganancias extraordinarias obtenidas por algunos sectores muy particulares, que serían resultado del alza en los precios internacionales de las materias primas ocurrido por la guerra en Ucrania.  

Esta renta aparece reflejada en el último informe del intercambio comercial argentino del Indec. Allí, se calcula que la ganancia de intercambio arrojó ingresos adicionales por U$$777 millones, resultado de que el índice de precios de las exportaciones se incrementó un 22,7%, mientras que el índice de precios de las importaciones subió un 16,1%. Es decir, los precios de lo que vendemos afuera subieron más que los precios de lo que compramos del exterior.

“En marzo de 2022, las exportaciones netas (exportaciones menos importaciones) de los cuatro principales productos derivados del cultivo de la soja y sus subproductos alcanzaron el valor de 1.484 millones de dólares, 23,0% superior a las registradas en igual mes del año anterior (278 millones de dólares)”, señala el Indec en referencia al sector que explica la mayor parte de las ventas al exterior.
 

En este marco, la forma que tomará el proyecto oficial es una incógnita. Aún no se sabe si se creará un nuevo impuesto a la “renta inesperada” o se apuntará a modificar el impuesto a las ganancias para las empresas e introducir una alícuota superior al máximo del 35% actual, como había trascendido en la previa del anuncio.

"El universo se enfocará en el conjunto de empresas que tenga ganancias netas imponibles altas superiores a los 1000 millones de pesos en el año, lo cual es una fracción muy pequeña de todo el entramado de empresas de nuestro país", dijo Guzmán el martes. A esto se suma un criterio para alcanzar solo a las empresas que muestren un crecimiento real en su ganancia neta respecto de 2021. 

Todo esto achica el universo potencial de empresas alcanzadas a un máximo de 100 de las compañías más grandes que operan en el país. 

Pese a afectar los intereses de una porción extremadamente marginal de la población, el desconocido proyecto ya cosechó rechazos de los más diversos. Desde el “Argentina no soporta un impuesto más” de Horacio Rodríguez Larreta, pasando por el Diputado de JxC Gerardo Milman asegurando que “aunque no se conozca todavía ya sabemos que el impuesto a la renta inesperada va a ser inconstitucional”, hasta los rechazos esperables de las cúpulas empresariales de la UIA y AEA.

Pero las críticas se extendieron incluso hacia dentro de la coalición gobernante. El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, señaló que “el productor argentino no captó el precio internacional de la guerra”, desmarcándose del proyecto oficial.

De estas declaraciones se trasluce la incomodidad de presentar una medida táctica que se aparta de los objetivos estratégicos del gobierno. El gabinete económico, en conjunto con miembros del poder legislativo, tiene proyectos en carpeta para fomentar la producción y exportación de los mismos sectores que hoy se verían afectados por el nuevo gravamen.

Descansan en el Parlamente proyectos de Ley para bajar impuestos e incrementar subsidios al agronegocio, la minería y los hidrocarburos con el objetivo de conseguir los dólares que se le escapan al Banco Central. En este marco, se entiende la incomodidad de los ministros para defender un nuevo tributo que apunta en la dirección contraria.

Sin embargo, políticas redistributivas de este estilo son apoyadas hasta por el FMI, en el marco de un shock inflacionario que no solo afecta a nuestro país, y que se refleja en un salto en el precio internacional de los alimentos del 12,6% durante el mes de marzo, según informó la ONU.
 

"Para disminuir la carga para las finanzas públicas, se podría prever un aumento temporal de los impuestos sobre el exceso de beneficios. Esto ayudaría a recuperar parte de las transferencias a las empresas que no las necesitan", señaló el Fondo en su tradicional informe World Economic Outlook (WEO).


 

Con todo, para el caso argentino el problema va más allá de pilotear un shock externo. Lo que está en juego es una tendencia de transferencia de ingresos desde los trabajadores hacia las grandes empresas que ya lleva varios años. El Indec lo refleja en su informe de la cuenta de generación del ingreso. Allí, la remuneración de los trabajadores en el valor agregado, que abarca la participación de los salarios y contribuciones sobre el total de la producción, pasó del 53,9% a fines de 2016 a 44,6% hacia finales del 2021. En contraparte, el excedente de explotación bruto (el saldo que le queda a las empresas) aumentó del 38,6% al 46,4% en el mismo período.

Pese a lo acotado de ambas iniciativas del oficialismo, muy difícilmente el proyecto para gravar la “renta inesperada” sea aprobado en la Cámara de Diputados. ¿Se tratará de una iniciativa destinada exclusivamente a acomodar la interna oficialista detrás de una bandera distributiva? Dar esta pelea por perdida puede dejar un antecedente muy negativo si lo que se busca es revertir la desigualdad creciente. 

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