El organismo de control requirió información sobre inversiones y movimientos económicos que no figuran en los estatutos de la entidad.

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Una nueva ola de despidos dejó sin trabajo en el complejo nuclear de Zárate a 672 empleados de la construcción, 220 supervisores y administrativos y unos 250 de maestranza, gastronomía, transporte y seguridad privada.
En su mayor parte, se trata de contratos que no fueron renovados por Nucleoeléctrica Argentina (Casa) y la CNEA a tres empresas tercerizadas a cargo de las obras vinculadas al proyecto Carem-25 y a la cuarta central nuclear.
El Gobierno nacional, en cambio, asegura que hay sólo 141 contratos que no fueron renovados. Las obras en cuestión son las que fueron adjudicadas a Techint, que todavía no esembarcó en el Carem, y las de la cuarta central que financiará China.
Se trata de las obras en el complejo industrial de Atucha vinculadas al proyecto Carem-25 y la unidad de gestión de la cuarta central nuclear, que consiste en las obras complementarias o primarias para la central nuclear que financiará China.
El fondeo de esas obras está a cargo de la Subsecretaría de Energía Nuclear que dirige Julián Gadano. La gestión corre por dos empresas estatales, la CNEA en el caso del Carem y Nucleoeléctrica en las obras previas de la cuarta central.
El año pasado, la reducción de la plantilla del complejo de Atucha fue de 830 trabajadores. Además, 70 trabajadores arreglaron su desvinculación con retiros voluntarios. El Gobierno se comprometió a facilitar un subsidio de 4 mil pesos para los despedidos. Desde la Uocra denunciaron que "nunca cumplió".
En las localidades de Zárate, Baradero y Campana, siguen creciendo los despidos y ya suman más de 5.000 en lo que va de 2017.
En este marco, concejales de esas ciudades pidieron en sus respectivos consejos deliberantes que se declare la “emergencia laboral”, por entender que hay problemas estructurales en la zona como consecuencia de los despidos masivos y, principalmente, por las fábricas que directamente cierran.

El organismo de control requirió información sobre inversiones y movimientos económicos que no figuran en los estatutos de la entidad.
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