Atrás quedó el discurso del ministro Guzmán en el Congreso, donde acusaba al FMI de ser “responsable de la crisis” argentina. Poco importaron los cruces entre Cristina Fernández y el directorio del organismo internacional. Mientras esto ocurría, una misión técnica del Fondo auditaba las cuentas nacionales y se reunía con miembros del gabinete de gobierno. Su conclusión fue que el nivel de endeudamiento de nuestro país “no es sostenible”. 

Evidentemente, la gira internacional de Alberto Fernández con visitas a los principales líderes mundiales y el visto bueno de Trump surtieron efecto. Las declaraciones del presidente señalando que el FMI “hoy nos dió la razón” reflejan un visible entusiasmo del gobierno frente a las conclusiones del organismo. 

¿Cómo siguen las negociaciones con el Fondo?

Sin embargo, el comunicado no ofrece precisiones sobre cómo hará nuestro país para desembolsar los u$s49.351 millones que se le adeudan al Fondo hasta el año 2024. Está claro que si la deuda en su conjunto es insostenible, el gobierno no tiene forma de enfrentar estos compromisos. ¿Suscribiremos a un acuerdo de facilidades extendidas? ¿Se estirarán los plazos de pago? ¿Habrá exigencias políticas?

La omisión puede entenderse a partir de que los vencimientos con el organismo internacional se concentran entre 2022 y 2023, mientras que durante este año “sólo” se deberían pagar intereses por u$s 1.600 millones. Que el comunicado haya decidido ignorar este aspecto fundamental abre la puerta a comenzar la reestructuración por los acreedores privados. Es en este sentido es que el informe presentado el miércoles recomienda “una operación de deuda definitiva que genere una contribución apreciable de los acreedores privados”.

De esta forma, el organismo internacional cierra filas con el gobierno reclamando una quita sobre las tenencias de los fondos de inversión, quienes deberán contribuir “para ayudar a restaurar la sostenibilidad de la deuda con una alta probabilidad”. Así, el FMI pone punto final al debate sobre la posibilidad de una quita en sus acreencias. 

¿Y con los acreedores privados?

El optimismo de Alberto Fernández y su gabinete se explica entonces por el respaldo que implican estas palabras para la estrategia del gobierno. Es que definiciones como “insostenibilidad” de la deuda y “quita” hacia los fondos privados ya han sido repetidas por Martín Guzmán en otras ocasiones. El espaldarazo del organismo presidido por Kristalina Georgieva es muy importante frente al inicio en las negociaciones con los acreedores privados. 

Pese a las “buenas noticias”, el gobierno se encuentra atrasado con respecto al “calendario del proceso de reestructuración de deuda pública” autoimpuesto por el ministerio de economía. Pero, al mismo tiempo, el cronograma de los vencimientos de deuda e intereses presiona sobre Martín Guzmán. Entre marzo y abril, vencen más de u$s 1.400 millones. Sólo en el mes de mayo, se deberían desembolsar unos u$s 2.200 millones. De estirarse las negociaciones, en agosto vencen u$s 5.800 millones. Se trata de cifras muy abultadas para el nivel de reservas en dólares que posee el Banco Central. 

Finalmente, el respaldo del fondo aclara un poco el panorama, donde las instancias de negociación con los acreedores privados se colocarán en el centro de la escena. Sin embargo, el comunicado del FMI concluye: “La inflación y las expectativas de inflación han bajado en los últimos meses, pero esfuerzos adicionales serán necesarios para reducirlas aún más desde sus altos niveles actuales”, sembrando dudas sobre si su apoyo será gratuito. 

La alianza discursiva entre el Fondo Monetario Internacional y el ministro Martín Guzmán deberá verificarse en los hechos, durante las inminentes negociaciones con los privados. Al momento, la suba del Riesgo País refleja el trago amargo para los mercados que implica que el FMI haya decidido que sean los fondos de inversión quienes “paguen” por el declive argentino.