El fiscal federal Diego Luciani pidió hoy la inhabilitación perpetua para ocupar cargos de la vicepresidenta Cristina Kirchner y de todos los ex funcionarios acusados en la causa por el presunto direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.

Además, solicitó que sea condenada a 12 años de prisión y el decomiso de $5.321 millones, monto en el que -según estimó su par Sergio Mola- se defraudó al Estado.

El fiscal consideró que la exmandataria fue la "jefa de la asociación ilícita" a la que se acusa, además, de haber cometido el delito de administración fraudulenta en contra de la administración pública. Luciani sostuvo que Cristina y los demás acusados llevaron adelante "la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país". Y en esa línea, acusó a la dos veces presidenta de la Nación de actuar con "ánimo de lucro y codicia".